La Corporación Humanitaria Reencuentros denunció la desaparición de Luis Alfredo Mejía, conocido como el Guajiro, que fue visto por última vez en el Encuentro de Reincorporación que se llevó a cabo en Chinauta, inspección de Fusagasugá (Cundinamarca), del 8 al 10 de junio.
Mejía es firmante del Acuerdo de Paz, integrante de la Dirección del partido Comunes en Bogotá y hace parte de la junta directiva de la Asociación Nuevo Agrupamiento por la Paz (ANA) Distrito Capital.
La corporación, que está integrada por más de 100 excombatientes reincorporados que colaboran en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, dispuso dos líneas telefónicas para que quienes tengan información sobre el Guajiro puedan comunicarse: 3126929454 y 3117512190.
De acuerdo con la corporación, que fue creada después de que se firmara el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, durante sus años de operación ha documentado 926 formatos de información y documentos de casos de personas dadas por desaparecidas. De ellos, 116 corresponden a mujeres, 463 a hombres y 347 no reportan un género específico. Toda la información recolectada fue entregada a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).
Los integrantes de la corporación también han participado en trabajos de georreferenciación, de recuperación de cuerpos y de prospección de lugares destinados a su entierro.
Firmantes de paz asesinados
Según un informe del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde noviembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022 se registraron 348 firmantes de paz que fueron asesinados, de los cuales 11 fueron mujeres y 337, hombres. De la totalidad de los homicidios, 43 ocurrieron en 2022.
Los departamentos más afectados por estos hechos violentos han sido Cauca, con 60 casos; Nariño, con 40; Antioquia, con 38; Caquetá, con 32; y Putumayo, con 31. Por su parte, los municipios que han registrado más asesinatos de firmantes de paz son: Tumaco (Nariño), con 18; Ituango (Antioquia), con 12; Puerto Asís (Putumayo), con 10; Argelia (Cauca), con 10 también; y Quibdó (Chocó), con nueve casos.
De acuerdo con el informe de Indepaz, hay varios factores de riesgo que afectan la integridad y la vida de los firmantes de paz: la presencia de diversos intereses macroeconómicos en los territorios y de grupos armados, específicamente de estructuras paramilitares y de organizaciones residuales o disidentes. Se puntualiza también la incidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL).
“El riesgo que tienen las comunidades, sus líderes y los firmantes del acuerdo de paz por la presencia de grupos armados es permanente y así ha sido expresado en las diferentes alertas comunitarias y comunicados de las organizaciones sociales, como por las Alertas Tempranas de la defensoría del pueblo.”, señaló Indepaz en el informe.
Puso como ejemplo el caso de Caquetá, que es uno de los departamentos más golpeados por el asesinato de firmantes de paz. “Los riesgos para excombatientes se han identificado especialmente en el norte y suroccidente del departamento. En el norte, en municipios como Doncello y Puerto Rico, esta población ha estado expuesta a homicidios selectivos y amenazas, por cuenta del accionar de Facciones Disidentes de las antiguas FARC-EP, autodenominadas Frente 62 y Columna Móvil Teófilo Forero”, enfatizó el Instituto.
Lo mismo hizo con Putumayo, el quinto departamento más afectado por estos actos violentos. Allí, la amenaza para la vida e integridad de los excombatientes firmantes proviene de las diferentes pugnas por el control territorial que se presentan entre las facciones disidentes Frente Primero Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera.
“Esta población ha sido objeto de amenazas, homicidios, desplazamientos forzados y atentados, especialmente en la subregión del Bajo Putumayo. En algunos casos, los hechos de violencia han afectado a excombatientes que participan en los procesos judiciales tendientes a aportar su versión donde la estigmatización y los señalamientos en su contra, han sido identificados como importantes factores de vulnerabilidad que incrementan su exposición a la violencia de los grupos fuente de amenaza”, explicó Indepaz.
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