
Tras el interrogatorio llevado a cabo contra el capitán Elkin Gómez, jefe de la oficina de polígrafo de Presidencia, y el poligrafista John Sacristán, por su presunta participación en las interceptaciones ilegales realizadas a los teléfonos de dos empleadas de Laura Sarabia, se conocieron nuevos detalles sobre la declaración entregada a la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con lo señalado por Blu Radio, los policías habrían entregado un testimonio similar al de Carlos Feria, jefe de Casa Militar, en el sentido de que fueron cumplidos los protocolos establecidos por la oficina del polígrafo. En ese sentido, también mencionaron que no se efectuaron conductas que se puedan considerar violatorias a la ley.
Incluso, cuando fueron abordados las personas que estaban a cargo de esa dependencia, señalaron que esta dependía del despacho anticipativo de la Presidencia de la República; es decir, del coronel Óscar Dávila.
El miércoles 21 de junio fue interrogado el coronel Feria y en su declaración aseguró que la orden de “chuzar” a las entonces trabajadoras de la ex jefa de Gabinete fue del uniformado fallecido.
Según Semana, Feria explicó ante el ente de control cómo se había enterado del robo en el apartamento de la exfuncionaria, que dejó su cargo bajo pedido del presidente Gustavo Petro. En su primera versión, había indicado que les fueron hurtados cerca de cuatro mil dólares en efectivo que estaban en una maleta en su casa; sin embargo, en la ampliación de su denuncia, afirmó que la cantidad exacta eran 7.000 dólares.
Durante la diligencia, Feria detalló la cronología del hurto. Allí explicó detalles del caso y de igual manera lo hizo la jefa del esquema de seguridad de Sarabia, que fue la persona que llevó la maleta con los dólares hasta al apartamento de la funcionaria y la entregó a la empleada.

A pesar de la versión de Feria, una investigación de Presidencia determinó que el alto oficial es el responsable de la mencionada prueba de polígrafo. En cambio, en el archivo conocido por Cambio no fue mencionado el nombre de Dávila, que fue hallado muerto en su vehículo el viernes 9 de junio debido a posibles presiones a las que estuvo sometido por cuenta de este escándalo.
“La Jefatura para la Protección Presidencial practicó pruebas de confiabilidad y credibilidad al círculo de personas que rodean el entorno cercano de la doctora Laura Sarabia, esquema de seguridad empleada del servicio doméstico”, precisó el documento.
De igual manera, establecieron que dichos análisis se hicieron “con previo consentimiento, entendido este como la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte de los entrevistados, además del respeto y garantía de los derechos fundamentales, procedimiento desarrollado en el área y salas dispuesto el efecto”.
Por otro lado, en la tarde del miércoles 28 de junio se conoció también que en la oficina del piso 13 del edificio de la Dian no se habría hecho una copia espejo a los teléfonos interceptados ni a los de aquellos integrantes del esquema de seguridad de Sarabia.
A esto se sumó la advertencia de la Procuraduría al Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), pues desde la dependencia no se habría entregado la información necesaria para avanzar con las pesquidas adelantadas desde el Ministerio Público.
En ese orden, la procuradora Margarita Cabello sostuvo desde Barranquilla que “se está haciendo el adelantamiento, va a hacer unos requerimientos y si no le entregan adecuadamente dentro de los términos fijados, podrá regresar nuevamente a recoger la información requerida”, manifestó Cabello”.
Ante el llamado de la funcionaria, Presidencia dijo que es falsa la negativa a brindar las pruebas requeridas. Seguido a esto, la Procuraduría dio cinco días al Dapre para que entregue la información sobre el proceso.
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