Fiscalía aseguró que defenderá la libertad de prensa y que no se podrán ordenar actividades investigativas que pongan en riesgo el secreto periodístico

La Fiscalía General de la Nación emitió en la mañana de este martes 20 de junio la Directiva 003, que ordenaría rutas de acción para proteger la libertad de prensa de los medios colombianos. Según se ve en el documento firmado por el fiscal general Francisco Barbosa, se imparten los lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal.

El funcionario, quien además dejó expreso su compromiso con el ejercicio del libre periodismo, enumeró una serie de reglas para los fiscales del país y la policía judicial. Según lo expresa el organismo, la expedición de esta directiva representa un hecho “inédito que pretende defender la libertad de prensa en el país”.

Asimismo, el documento busca salvaguardar el secreto profesional de los periodistas cuando se adelanten investigaciones de tipo penal, por lo que dispuso de cuatro lineamientos para llevar a término los procesos.

El funcionario recalcó que tanto la policía judicial, como los fiscales del país, deberán tener especial consideración y respeto por el secreto profesional de los periodistas, con el fin de garantizar que los profesionales puedan acceder a fuentes de información sin temores y, a su vez, la ciudadanía reciba información de interés público.

El documento también señala que “está constitucionalmente prohibido que los fiscales exijan a un periodista rendir entrevista o testimonio en relación con información suministrada por sus fuentes, en tanto la Constitución Política garantiza el ejercicio de la libertad de prensa”. En ese mismo sentido, el ente acusador abrió la posibilidad de citar a periodistas como testigos de algún proceso, siempre y cuando se adelante bajo estrictas limitaciones constitucionales.

Por último, los fiscales del país deberán abstenerse de “ordenar cualquier actividad investigativa que ponga el riesgo el secreto periodístico, entre ellas la inspección al lugar de trabajo, al medio de comunicación u otro sitio donde reposa la información periodística”.

El comunicado del ente investigador llega en medio de una fuerte tensión entre el Gobierno nacional y varios medios de comunicación, que han tildado al primer mandatario y sus subalternos, de violar el derecho constitucional de los periodistas colombianos. Incluso, en los últimos días se conoció también sobre la petición hecha por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien a través de su cuenta de Twitter pidió que se investigara a la revista Semana, por haber escrito presuntas calumnias sobre el dinero desaparecido de la casa de Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro.

“La Revista Semana debe ser intervenida por la Fiscalía General de la Nación para que encuentren las pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin”, trinó la senadora.

Opiniones encontradas

Luego de que se hiciera pública la directiva de la Fiscalía General de la Nación, las reacciones no se hicieron esperar, y expusieron sobre la mesa algunos hechos del pasado, en el que el ente acusador habría intentado intervenir algunos medios de comunicación.

Tal es el caso de Noticias Uno, que denunció durante una emisión del 2021, que la Fiscalía estaba intentando acceder a su información, como parte de una investigación por una nota exclusiva emitida en 2013, en la que se vio involucrada una entidad pública.

Ante ese caso, la Fiscalía respondió en su momento que dichos trámites “son normales y se han realizado a diferentes medios de comunicación”. De igual forma, el ente acusador advirtió que el material solicitado al medio se hacía prioritario, ya que “por su actividad periodística pueden tener información valiosa y clave para los procesos que adelanta la Fiscalía”.

Otro hecho similar se habría presentado con la Revista Cambio en 2022, cuando el ente investigador habría ordenado la inspección al medio por una publicación en el que se mencionaban supuestos vínculos del general Jorge Hernando Herrera con una red criminal denominada “Los Pocillos”. Por este hecho, la Fiscalía también se pronunció, diciendo que se había tratado de una solicitud formal, más no de un “allanamiento, ni actuación que intervenga el fuero de libertad de prensa”.