El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó el domingo 18 de junio de 2023 el traslado de la exsenadora Aída Merlano, desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá hacia el centro de reclusión de Malambo (Atlántico), debido a las presuntas amenazas que la excongresista habría sufrido en este establecimiento penitenciario.
El desplazamiento de la excongresista, quien hizo la solicitud de traslado debido a que habría sido alertada de un supuesto plan para acabar con su vida, se llevó a cabo en la mañana, cuando abordó una aeronave que la ubicó en el Batallón Militar de Ingeniería Vergara y Velasco de Malambo, en donde seguirá cumpliendo las dos condenas que tiene en firme; ambas relacionadas con su elección como senadora en 2018.
La primera, de 5 años y 6 meses por superar los topes de gastos en su campaña al Congreso; mientras que la segunda es 11 años y 4 meses por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Este caso, conocido como el de la Casa Blanca, como era llamada su sede en Barranquilla, dio pie para que la Corte Suprema, que fue el tribunal fue la que la condenó, también le abriera investigación contra el senador Arturo Char, de Cambio Radical; salpicado por sus declaraciones, al igual que un número importante de políticos de la costa Caribe.
La decisión de su traslado a su departamento de origen, se dio luego de que el Inpec, a través de un minucioso estudio de seguridad, concluyera que en efecto sí existían riesgos para la excongresista en el centro de reclusión capitalino, por lo que se tomó la determinación de que fuera trasladada a Malambo; en donde, además, estará más cerca de su círculo familiar.
Las denuncias de Merlano contra su vida
La exsenadora, quien estuvo durante casi cuatro años privada de la libertad en Venezuela, cuando se fugó de la justicia colombiana, denunció en mayo de 2023 que había recibido una serie de llamadas, al parecer hechas por una mujer que no se identificó, en la que fue advertida de que su vida estaba en peligro, si seguía recluida en El Buen Pastor.
En sus declaraciones, Merlano reveló que la informante anónima señalaba a una mujer de nombre Tatiana Toro, como una de las internas que había sido contratada dentro del establecimiento carcelario para cumplir la misión de asesinarla.
Aunque el Inpec extremó las medidas de seguridad, al final decidió cambiarla de cárcel y ponerla bajo custodia de un centro de reclusión militar, tras las gestiones adelantadas por el abogado de Merlano: Miguel Ángel del Río Malo, hombre cercano al petrismo y quien asumió la defensa de la excongresista.
En el Batallón Militar de Ingeniería Vergara y Velasco se tuvo que hacer una reubicación de hombres detenidos en esta especie de carceleta, debido a que por normas penitenciarias una mujer no puede compartir el mismo sitio de reclusión que un hombre.
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