El mínimo vital de agua se le garantizará solo a quienes no puedan pagarlo: esto es lo que dice la reforma a los servicios públicos

La reforma a los servicios públicos, que pretende modificar la Ley 142, en la que se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, será radicada ante el Congreso durante el segundo semestre del 2023.

Sin embargo, así como sucedió en su momento con las tres reformas que se encuentran en curso en el legislativo (a la salud, laboral y pensional), meses antes de entrar a debate ya se conocen algunos de sus objetivos, entre ellos, el mínimo vital de agua a nivel nacional, cubierto por el Estado.

Según dijo el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, desde el XXV Congreso de Servicio Públicos, Tic y TV de Andesco, en Cartagena, para tranquilidad de los colombianos y opositores a la reforma “tampoco va a ser muy grande. No va a ser para la mayoría de la población o para todos los pobres, solamente el mínimo vital a quien no pueda pagarla (el agua)”.

Aunque la cobertura del “Mínimo vital” también podría extenderse a los servicios de gas, electricidad y saneamiento. Lo que está por definirse es sobre en cuántos servicios podrá aplicarse este beneficio en un mismo hogar; al igual que el número de personas que serán cubiertas y bajo qué condiciones.

Un primer estimado sugiere que la cantidad de agua que el Estado entrará a cubrir será de seis litros diarios por persona. Sin embargo, esta tarea se complica aún más en términos de electricidad, por lo que podría ser un dato del que no se tenga certeza hasta que finalice la redacción del articulado.

Al “Mínimo vital” se sumarían otras propuestas como el establecimiento de tarifas solidaras y redistributivas, para universalizar los servicios; la eliminación del contrato de condiciones uniformes entre empresas y suscriptores; modificaciones al proceso de corte y/o suspensión; la ampliación de cobertura a zonas alejadas de las grandes ciudades, y nuevas medidas para evitar malas prácticas y corrupción al interior de las entidades, que generan huecos fiscales que se cubren con el aumento de la tarifa.

La reforma, explicó Quiroga en entrevista para Caracol Radio, “tiene dos ejes fundamentales, uno es cambiar las relaciones de desigualdad, que haya equidad y justicia en la sociedad, y el otro, son las relaciones de la sociedad con la naturaleza, ambos tienen relación con los servicios públicos”.

Más temprano, desde el Congreso de Servicios Públicos, insistió en que “Lo que el presidente Gustavo Petro ha propuesto es democratizar los servicios públicos, no estatizar el sector, sino fortalecer lo público. Reconocemos los logros del régimen vigente y, bajo ese entorno, la propuesta contempla actualizaciones y nuevas disposiciones para atender la realidad del país. Las reformas deben responder al programa de Gobierno”.

Además de proteger los derechos de los usuarios, para lo cual, consideran desde ya “su participación en la elaboración de la regulación, especialmente en el régimen tarifario, respeto al debido proceso en sus reclamaciones y eliminación del contrato de condiciones uniformes que se pacta entre empresas y suscriptores; a cambio se elaborará un código de derechos y deberes de las partes”.

La reforma aún se encuentra en elaboración y antes de ser presentada en el Congreso tendrá que pasar por mesas de trabajo en las que, se espera, participen los distintos actores interesados en el proyecto. Por lo que, aún, podrían incluirse modificaciones en propuestas como el mínimo vital.

Mínimo vital, una propuesta de campaña que logró materializarse en la Bogotá Humana

Durante la alcaldía de Gustavo Petro, por allá en el 2012, el “Mínimo vital” fue establecido “a través del Decreto 064, y consistía en otorgar 6 metros cúbicos de agua, sin costo, para los usuarios residenciales de los Estratos 1 y 2 de la ciudad”, se lee en la página del Acueducto.

Un beneficio con el que, según el mandatario entregaron “a 800.000 familias 12 m3 de agua potable mensual gratuita y nos costó 65.000 millones de pesos anuales”, de ahí que “con ese costo 8 millones de familias valen 650.000 millones”.