Esta es la empresa que se quedó con el negocio de los pasaportes en Colombia: la Procuraduría anunció investigación

Según las otras empresas que participan en la licitación, las condiciones favorecerían a la compañía que siempre ha ganado desde hace 25 años

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Imagen de archivo. Más de
Imagen de archivo. Más de un 70% de los colombianos no tienen pasaporte en el país. Foto: Colprensa

Varias empresas han presentado observaciones a los requisitos para ganarse la licitación de la elaboración de los pasaportes colombianos, debido a que favorecerían a la que ha tenido el contrato desde hace 25 años: Thomas Greg & Sons de Colombia. Así lo reportó el portal Ámbito Legal.

Esta licitación es abierta cada cuatro años por la Cancillería con el objetivo de que varias empresas calificadas compitan por elaborar los pasaportes colombianos y el valor del contrato es de 599.651 millones de pesos. Justamente, el 14 de abril de 2023 se abrió la última cotización (001 de 2023).

Según varias empresas que compiten dentro del proceso, hay aspectos que no solo dificultan, sino que imposibilitan a otros interesados competir y que en consecuencia restringen la pluralidad de oferentes. Algunas de las organizaciones que presentaron sus inconformidades, según el medio mencionado, son Smurfit Kappa, IN Groupe, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Incm), Idemia, Veridos México, Accesos Holográficos y Cadena SA.

Uno de los aspectos por los cuales estas compañías aseguran que no pueden competir contra Thomas Greg & Sons de Colombia es los tiempos estipulados por la Cancillería. Todas, a excepción de la actual contratista, señalan que el plazo para adquirir los insumos necesarios para fabricar las muestras es insuficiente, pues cuentan con 44 días calendario para abastecerse de elementos como chips, papel de seguridad, tintas especiales y hologramas, lo cual tardaría meses.

Pasaporte colombiano, Foto: Colprensa
Pasaporte colombiano, Foto: Colprensa

También discuten que se requieran muestras idénticas a los pasaportes que se encuentran en circulación, pues la actual contratista tiene una notable ventaja al tener el inventario y contar con todas las especificaciones de impresión.

Además, la licitación formularía condiciones geográficas excluyentes. Una de ellas era la de tener una planta de impresión en Bogotá, algo que solo cumplía Thomas Greg & Sons de Colombia. Otra condición era tener una Planta de Personalización de Contingencia que se calificaba según la localización, privilegiando a Norteamérica, luego Europa y de último, Suramérica.

Ante las observaciones de varias empresas, se cambió el primer requisito por una planta dentro de Colombia, pero el segundo se mantuvo favoreciendo a la empresa que mantiene el contrato por 25 años.

La licitación está en la mira de la Procuraduría

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación

El Ministerio Público informó recientemente que el proceso con el que se elegirá a la compañía para que diseñe e imprima los pasaportes en Colombia genera algunas dudas, por lo que se vigila de cerca para evitar pérdidas de recursos.

La Procuraduría aseguró que actualmente “vigila que se den garantías a la selección objetiva, libre concurrencia en la participación, calidad en el servicio y cumplimiento del cronograma”.

De acuerdo con el procurador delegado segundo para la Vigilancia de la Función Pública, Fernando Grillo, el motivo por el que el Ministerio Público tiene bajo la lupa este proceso es que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ha dado respuesta a una serie de observaciones hechas por el organismo de control y que tienen que ver con el pliego de la licitación y las condiciones de participación.

Según la información que entregó el funcionario, la Cancillería tampoco ha entregado detalles a las empresas que participan en el proceso contractual que también hicieron varias observaciones.

Entre las dudas que reportaron las compañías que buscan quedarse con el contrato para diseñar e imprimir los pasaportes en Colombia hay varias relacionadas con los criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones. De acuerdo con el Ministerio Público, esas observaciones tenían que haber quedado resueltas el pasado 12 de mayo.

Paola Larrahondo, experta en temas administrativos y constitucionales, le dijo a Ámbito Jurídico que se debería vigilar el aspecto de los plazos. “El primero es el plazo, es decir, el tiempo que se está determinando para proveer ese bien o servicio y si es razonable. Pero más allá de ver si es razonable, es ver si es posible que un tercero nuevo en el mercado preste ese bien o servicio en el plazo que está planteando la entidad”.

También se debe tener en cuenta para la experta las condiciones técnicas, pues habría que preguntarse si estas solamente podrían ser cumplidas por la empresa que siempre se ha ganado la licitación desde hace 25 años, o si otras empresas tendrían la capacidad de cumplirlas.