
A través de una resolución la Fiscalía General de la Nación designó fiscales especializados y de apoyo para impulsar la investigación por las chuzadas a la exniñera Marelbys Meza y empleada de quien fue la jefa de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia. El documento advierte que las pruebas recaudadas han permitido esclarecer varios hechos y variaciones en las actuaciones que se tomarán.
La resolución 0284, revelada por Caracol Radio, modificó la asignación de la investigación para dejarla a cargo de una unidad especial y así mismo nombrar funcionarios de apoyo. Esta decisión la tomó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien es el que tiene las facultades.
Con esta decisión, de acuerdo con la emisora citada, se pasó de la Fiscalía 54 a la 40, debido a un concepto favorable de reasignación que emitieron los delegados de las Unidades Especializadas contra la Seguridad Territorial, la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Con dos fiscales especializados y los de apoyo, se empezará la preparación para las solicitudes que se hagan ante los jueces de la República, así como las citaciones a audiencias que podrían avecinarse con el impulso que le ha dado la Fiscalía a la investigación.
Estos fiscales serían parte del Grupo de Trabajo de Investigación de Corrupción en Administración de Justicia (CAJ), debido a que consideran que los delitos que se están investigando estarían enmarcados en hechos de corrupción en el desempeño de funciones judiciales. En ese equipo hay personas especializadas en su investigación.
Al parecer los fiscales que emitieron el concepto favorable, “estimaron que los hechos objeto de investigación revisten especial connotación, por ende, deben llevarse a cabo todas las acciones tendientes a impulsar la investigación, lo cual puede ser procurado desde la Dirección Especializada contra la Corrupción (DECC)”, según se lee en la resolución.

Además, se establece que con las primeras investigaciones se habrían aclarado algunos delitos mencionados desde las denuncias iniciales y encaminado las indagaciones hacia otras conductas posiblemente criminales de los funcionarios implicados.
“En razón a las labores investigativas adelantadas por la fiscal de apoyo, se ha logrado establecer, de manera preliminar, que los hechos materia de investigación, inicialmente tipificados como tortura, se podrían adecuar a delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas”, dice el documento.
Presiones por resultados a la Fiscalía
Al caso por chuzadas ilegales al teléfono de dos empleadas de la casa de Sarabia se sumó la muerte de uno de los implicados, el teniente coronel Óscar Dávila, quien fue hallado muerto al interior de una camioneta en la que se desplazaba el 10 de junio.
“Temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad. La Fiscalía General debe informar con la mayor prontitud, para evitar que las especulaciones se extiendan”, señaló el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a través de su cuenta de Twitter.
El jefe de Estado, luego de las exequias del uniformado adscrito a Protección de la Presidencia, también se pronunció sobre el hecho en redes sociales. Allí dejó ver, como lo hizo pero se arrepintió el ministro Velásquez, que se trataría de un suicidio que debe ser investigado para establecer sus causas.
“Estuve con la familia del coronel Dávila hablando sobre su vida. Oficial con una carrera brillante, consideró que lo mejor que le había pasado era ingresar al servicio policial de la presidencia. Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio. Por qué se sintió tan acorralado como para llegar a tan terrible decisión”, escribió el presidente.
Armando Benedetti, quien despertó el escándalo que derivó en la revelación del caso de las chuzadas, será oído primero por la Procuraduría que lo citó a declarar sobre la financiación de la campaña de Petro.
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