Temblores ONG reacciona a la petición de Claudia López para el ingreso de la Policía a la Universidad Nacional

Cuando se confirmó que dos policías resultaron heridos (uno de gravedad) en medio de los fuertes disturbios presentados en la Universidad Nacional, a la altura de la calle 26, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al director de la Policía ingresar al campus para controlar la situación y detener a los encapuchados.

“Le solicito expresa y públicamente al Director de la Policía Nacional que de común acuerdo con la rectoría de la Universidad ingrese y detenga a estos criminales que ya atentaron contra la vida de un policía”, expresó la mandataria en su cuenta de Twitter. Dicha petición, lejos de ser aprobada, fue cuestionada y rechazada por oenegés como Temblores.

Justamente, la organización explicó a Infobae Colombia que esa medida promueve todo lo contrario a apaciguar los desmanes: los enfrentamientos de los encapuchados aumentarían y esa situación generaría un escenario de estigmatización y señalamientos con estudiantes que queden en medio de los hechos violentos.

En ese sentido, la oenegé advirtió que el reclamo de la alcaldesa configura una medida “totalmente desproporcionada que históricamente ha terminado en graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en uno de los últimos ingresos –de la Policía– en 1984”.

Ese hecho mencionado hace parte de la denominada ‘memoria universitaria’ que el movimiento estudiantil se niega a olvidar. El 16 de mayo de ese año, se presentó un ‘tropel’ con epicentro en la universidad como parte de la respuesta al asesinato de Jesús León, presidente de Cooperación Estudiantil de la época.

De acuerdo con un informe presentado por el colectivo Archivos El Búho a la Comisión de la Verdad, un artefacto fue lanzado desde el campus contra efectivos antimotines que, minutos antes, habían rodeado el campus. Ese explosivo fue la excusa ideal para el ingreso forzado a la universidad. Pero si bien testimonios recogidos aseguraron que no era un secreto la infiltración de células de guerrillas como el ELN o el M-19, la gran mayoría del movimiento estudiantil no fue filtrado por esos grupos.

La Policía detuvo a decenas de estudiantes y les pusieron capuchas para que sus identidades no fueran reveladas. En total, 81 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Nacional, fueron arrinconados, tirados boca abajo contra el suelo, subidos a tanquetas y torturados. Según registros médicos de la época, algunos sufrieron violencias sexuales por parte de agentes de la fuerza pública.

Teniendo en cuenta ese antecedente, fue considerada innecesaria la petición que hasta el propio director de la Policía, general William Salamanca, declinó. En cambio, rechazó los disturbios y las agresiones contra los uniformados, y anunció una recompensa de 20 millones de pesos a quien entregue información que permita la captura de los sujetos que lanzaron la papa bomba que dejó a un agente de la unidad de diálogo con heridas de gravedad.

De paso, recordó que en un caso como el presentado en la tarde del jueves 8 de junio se necesita actuar con mesura. “La Policía Nacional es una sola y hay un director general al frente. Pero para un procedimiento de estos hay que ser muy serenos y prudentes para proceder en caso de hacerlo”.

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, rechazó los hechos violentos e informó de tres trabajadores heridos. De paso, recordó que el claustro no es un campo de guerra y también se mostró en contra de la petición de la alcaldesa. “Nosotros estamos convencidos de que la solución de la guerra no se da con la misma guerra”, agregó.

La oenegé rechazó en la misma medida las agresiones contra los policías. “Es necesario que se inicien las labores de indagación e investigación con el objetivo de identificar a los responsables protegiendo el debido proceso y manteniendo la proporcionalidad y legalidad de todas las acciones”.