La vigilancia de la Procuraduría General de la Nación a la convocatoria pública de empleo evitó que cerca de 14.000 millones de pesos se perdieran. El Ministerio Público le puso la lupa al proceso meritocrático con el que se buscaba adjudicar 2.837 cargos públicos en municipios de quinta y sexta categoría de departamentos como Vaupés, Nariño, Chocó, Cauca, Tolima, Quindío y Cundinamarca, que estaban en riesgo por retrasos.
Para esto, la Procuraduría realizó ocho mesas técnicas con la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con las que se buscó dar agilidad en estos procesos de selección, que presentaban retrasos en la escogencia del personal para 3.495 vacantes en estos municipios.
Tras las pesquisas de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y del CNSC, el Ministerio Público se descartó que se hubieran presentado irregularidades en la prueba de selección que realizó la ESAP, y ordenó recalificar los resultados de estas, protegiendo, así, el mérito de los 30.000 participantes en la convocatoria para los municipios de categoría quinta y sexta.
¿Qué es un municipio de quinta y sexta categoría?
De acuerdo con la Ley 617 de 2000, son municipios de quinta categoría todos los que tengan una población entre diez mil uno y veinte mil habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación sean superiores a quince mil, y hasta veinticinco mil, salarios mínimos legales mensuales, mientras que los de sexta categoría, todos los distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil salarios mínimos legales.
Procuraduría formuló cargos a exjefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander
En otras noticias del Ministerio Público con relación a las regiones de Colombia, la Procuraduría, el 6 de junio, formuló cargos al jefe de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, César Augusto García Durán (2021-2022), por posibles irregularidades en los contratos de obra e interventoría para rehabilitar y recuperar la infraestructura de baterías sanitarias, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y mitigación del covid-19 en el sector educativo.
El ente de control reprochó que el exfuncionario por celebrar los contratos de obra y de interventoría por fuera del término señalado en el plan de acción, con lo cual habría incumplido el objetivo del componente de educación.
También se advirtió que García Durán debió utilizar los procedimientos de selección del contratista legalmente establecidos, que para el caso del contrato de obra era la licitación pública, y para la interventoría el concurso de méritos, dado que el régimen excepcional solo podía aplicarse hasta el vencimiento del plan de acción, fecha en la cual la obra tenía un avance del 0 %.
Con este posible comportamiento, el investigado pudo transgredir el principio de transparencia de la contratación estatal, por presuntamente eludir los procedimientos de selección objetiva. Para la Procuraduría Regional de Instrucción, esta es una falta calificada como gravísima con culpa gravísima por desatención elemental de deberes, pues, al parecer, habría omitido utilizar los procedimientos de selección del contratista legalmente establecidos.
Procuraduría indaga posible conducta inapropiada de profesores frente a sus alumnos
El Ministerio Público abrió indagación previa contra varios docentes de la Institución Educativa (IE) Rural San Peruchito del municipio de Andes (Antioquia), por el presunto baile sugestivo que habrían realizado en frente de menores estudiantes.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia indaga si un profesor se quitó la camisa para bailar en frente de estudiantes de primaria en medio de la celebración del día del maestro, y si también “otra maestra participó del episodio y se unió al baile propuesto por el educador”, como lo denunció un periódico de la región, en el que se advirtió, también, que estos comportamientos serían recurrentes, pues el docente “siempre aprovecha para hacer este tipo de bailes quitándose la ropa delante de menores”.
Se ordenó la práctica de pruebas para determinar la responsabilidad, o no, del docente en los hechos por los que fue denunciado.
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