Procuraduría interpuso tutela a la JEP para que se priorice macrocaso de violencia sexual

Ante la persistencia en la vulneración de los derechos fundamentales a la verdad y al acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género, la Procuraduría General de la Nación radicó una tutela a la JEP para que se haga efectiva la anunciada priorización del macrocaso que investigará los casos de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado, tal como ha insistido la Procuradora Margarita Cabello Blanco, desde el inicio de su administración.

En su escrito, la Procuraduría precisó que el ejercicio judicial que ha desarrollado la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Determinación de Hechos y Conductas(SVRV) en esta materia, no ha acercado a la JEP al cumplimiento de la investigación, juzgamiento y sanción, de acuerdo con los mandatos diferenciales que la rigen.

Tal como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La impunidad de los delitos cometidos, envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”, por lo que, para la Procuraduría, la priorización de la apertura del macrocaso debe ser inmediata.

Asimismo, en consonancia con lo dicho por la Corte Constitucional, “no priorizar el macrocaso 11 refuerza los patrones de discriminación y violencia, al enviarse un mensaje a la sociedad y a los agresores en el sentido que la violencia contra las mujeres es tolerada”.

Para el Ministerio Público la larga espera en la apertura de este macrocaso constituye un grave perjuicio para las víctimas por cuanto no se garantiza el acceso oportuno a la justicia, ni el plazo razonable en el trámite de las investigaciones sobre graves infracciones a los Derechos Humanos y al DIH.

“Cada día que transcurre sin que la SRVR adopte una decisión sobre la priorización de este macrocaso, implica la violación de los derechos de las víctimas pues, en el mejor de los escenarios, de priorizarse un macrocaso frente a estos hechos la Sala tendría menos de los cinco años que se han establecido como lapso para cumplir con sus labores de instrucción frente a estas graves violaciones a los derechos humanos. Esta cuestión, sin duda, vulnera de manera flagrante el derecho a la tutela judicial efectiva”, advirtió la Procuraduría.

Por su parte, Margarita Cabello, como primera mujer procuradora en 193 años, reiteró el compromiso del ente de control para acentuar esfuerzos en la transformación de las condiciones de las víctimas de las violencias basadas en género. “Necesitamos que comprendan que fueron víctimas de la barbarie del conflicto y de que ninguno de esos hechos victimizantes debieron haber ocurrido. Debemos garantizar el acceso a la justicia transicional, en pos de la verdad, la reparación y la garantía de no repetición tal como lo consagra el espíritu del Acuerdo de Paz”.

Cabello sostuvo que según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, “se han incluido más de 37.000 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado”; así mismo, alertó que “nueve de cada diez personas violentadas sexualmente durante el conflicto interno fueron mujeres y lo que agrava más la problemática, se desconoce en casi 90% de su situación actual; es decir, no sabemos si están vivas, muertas o desaparecidas”.