Caos en el archivo judicial: el alcalde que apareció bailando semidesnudo está detrás de la firma sancionada

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá (DESAJB) le impuso una multa a la firma Innpacific S.A.S. de 1.062 millones de pesos por el incumplimiento de un contrato celebrado en diciembre de 2022 con el que suministraría una bodega de almacenamiento para 250.000 cajas que contienen procesos judiciales en archivo a la rama judicial.

Aquella bodega no contendría las condiciones previstas en el contrato, al no contar con una estantería metálica ni con elementos como Internet, servicios públicos o una red contra incendios, según estableció una visita técnica ordenada por la Seccional. Además, la misma firma fue sancionada con 126 millones de pesos adicionales por otro contrato incumplido, el del transporte de los archivos, por no realizarse en el tiempo y con la calidad establecidos.

Detrás de esta firma, constituida el 10 de diciembre de 2020 en Cali con un capital de 100 millones de pesos, está el alcalde de Calima del Darién, Martín Alfonso Mejía Londoño, quien en un video que circuló por redes sociales en abril pasado salió bailando semidesnudo en una discoteca y en alto estado de alicoramiento. Él aseguró que lo habían drogado con escopolamina y denunció un plan para asesinarlo.

Justamente, dos accionistas de Innpacific son los municipios de Calima del Darién y Dagua, ambos en el Valle del Cauca, y la firma de del alcalde Mejía está en el documento de constitución. Así lo aseguró el periódico El Tiempo.

De acuerdo con lo manifestado por esa firma al medio mencionado, fueron los alcaldes de esos dos municipios los sugirieron que fueran accionistas. También tienen participación la Fundación Social Santo Domingo de Guzmán y la empresa Investech.

Esta última habría sido constituida en 2019 con un capital de 10 millones de pesos y su objeto es desarrollar archivos informáticos, de consultoría informática, administrar instalaciones informáticas, procesamiento de datos, alojamiento, así como actividades relacionadas con almacenamiento y depósito.

La fundación, la otra accionista, prestaría su servicio como centro de apoyo social y promoción ecológica y también como centro para misioneros.

De acuerdo con lo dicho por voceros de Innpacific a El Tiempo, la DESAJB les envió una invitación para que participaran en la licitación y ellos fueron los ganadores al ofrecer los mejores precios. Como experiencia acreditaron contratos pasados con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior.

“Es una injusticia lo que está pasando. Fue la DESAJB la que empezó incumpliendo. Nos tenía que girar 998 millones de pesos el 15 de diciembre para el transporte de expedientes y desembolsaron 650 millones en marzo”, dijeron los voceros de la firma al medio mencionado. Alegaron también violación al debido proceso, por lo que anunciaron acciones legales.

Otro argumento que esgrimen los voceros de la empresa cuestionada es que no estaba claro en el contrato si los días con los que contaban para trasladar los expedientes eran días hábiles o días calendario. Además, agregan otra polémica: “Le querían dañar la candidatura al anterior director de la Seccional, Pedro Mestre, quien aspira a un cupo en la Judicatura y firmó el contrato”, según dijo El Tiempo.

José Camilo Guzmán, nuevo director de la DESAJB y que no fungía tal cargo al momento de celebrarse el contrato, dijo al diario en cuestión no conocer la tutela y que se están resolviendo los recursos presentados ante la sanción. “Los actos administrativos expedidos por la DESAJB sostienen el incumplimiento de Innpacific”, dijo.

Agregó que no puede hablar sobre los actos de la administración anterior y tampoco se refirió a la supuesta relación de la multa con las aspiraciones de su antecesor.