Qué hay de cierto en que subirá la edad para pensionarse en Colombia con la reforma de Gustavo Petro

Al conocerse los artículos de la reforma pensional del Gobierno nacional que llegarán a la discusión del Congreso de la República, se han prendido nuevas alertas. Uno de los puntos que más han levantado revuelo son el aumento del tiempo de semanas cotizadas y la edad de pensión en algunos casos que contempla el proyecto.

El proyecto propone la creación de un sistema de pilares: Solidario, Semicontributivo y Contributivo. Estos dos últimos son los que han centrado la atención, porque cobijan al mayor número de personas y contienen, en la ponencia presentada para debate, cambios en los requisitos para acceder a los beneficios.

Actualmente existen el Régimen de Ahorro Individual administrado por los fondos privados y el Régimen de Prima Media con Prestación a cargo de Colpensiones. En el primero, las personas que ganan un salario mínimo se pueden pensionar con 1.150 semanas cotizadas, alrededor de 23 años de trabajo, mientras que en el segundo requieren 1.300, lo que se traduce en unos 26 años de labor con aportes.

La reforma pensional propone que todos los trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos pasen a Colpensiones, por lo que todos tendrán que cumplir con el requisito de 1.300 semanas. Esto se traduce en que tendrán que cotizar a pensión poco más de dos años adicionales para cumplir con el requisito.

“En los fondos privados tenían posibilidad de pensionarse con 1.150 semanas, especialmente con un salario mínimo (de mesada). Una de las grandes ventajas de este proyecto de ley es acabar con la competencia entre los dos fondos y unificar, para que tanto el RAIS se equipare a la reglamentación de Colpensiones que son 1.300 semanas. No es otra cosa que equiparar los regímenes, acabar con la competencia entre ahorro individual y prima media, unificar y complementar los requisitos para acceder a la pensión de vejez”, afirmó a Infobae Colombia la senadora Norma Hurtado, ponente del proyecto.

Según la senadora, la competencia genera insostenibilidad financiera, escasa cobertura y entrega de altos subsidios “a quienes hay que completarle esas 150 semanas más”. “Las mujeres siguen estando a los 57 años y los hombres a los 62″, aclaró la congresista del partido de La U.

Hurtado aclaró, además, que esa definición que se encuentra en el artículo 19 de la ponencia no ha sido conciliado. Es decir que todos los partidos tienen observaciones y propuestas para modificarlos, por lo que durante la discusión podría cambiar.

Así mismo, se debe tener en cuenta la definición de la transición para establecer a qué cotizantes afectará la nueva reglamentación y a quienes se les mantendrán los requisitos actuales. La discusión está en fijar ese límite entre quienes ya alcanzaron las 1.000 semanas cotizadas y otros que proponen que se establezca en 750.

El otro artículo que cambia los requisitos es el Pilar Semicontributivo que otorga renta básica a las personas que cotizaron, pero al alcanzar la edad de pensión no lograron el número de semanas suficientes para recibir el salario mínimo de mesada.

En este sí se aumenta la edad mínima para liquidar los saldos o acceder al Programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) que son las únicas opciones para quienes no completan requisitos actualmente: mujeres 57 años y los hombres 62, para establecerlo en 65 para ambos sexos, según dice la ponencia.

Ese límite daría la posibilidad a las personas que alcanzaron las 1.000 semanas a seguir haciendo aportes por cinco años, si lo deciden, para alcanzar a una pensión de un salario mínimo. Para aquellos que cotizaron entre 150 y 1.000 semanas, que se acojan al pilar Semicontributivo, se les liquidarán los aportes, según corresponda a su régimen, para recibir una renta vitalicia que no podrá superar el 80% de un salario mínimo.

El artículo ya tiene propuesta modificatorias para que se baje la edad a 62 años y a 60 para las mujeres, como propone el partido de La U, lo que quedará definido en la discusión. Desde el Gobierno justifican el aumento en la edad para hacer sostenible el sistema y compensar así las semanas subsidiadas.