Procuradora le respondió a Petro y al Pacto Histórico y defendió sus atribuciones para sancionar funcionarios electos

La procuradora Margarita Cabello asegura que el Ministerio Público sí puede sancionar a funcionarios elegidos popularmente, luego de críticas del presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Los miembros del gobierno aseguran que buscan atacar su representación por decisiones administrativas e incluso acusan de un “golpe blando”.

La procuradora, en su rendición de cuentas, contestó a las críticas de su gestión. Dijo que las controversias no contribuyen a resolver las preocupaciones de la ciudadanía y reiteró que es parte de la gestión del Ministerio Público formular cargos contra servidores públicos y si hay que sancionar, “se sancionará”.

“Nosotros tenemos muchas investigaciones contra servidores de elección popular, no solamente contra servidores del Pacto Histórico. Mucho es lo que se les ha archivado, muchos son los conceptos que hemos dado frente a este partido en donde solicitamos absolución frente a investigaciones de pérdida de investidura y contra muchos servidores, allá no hay color”, sostuvo.

Durante el evento señaló que durante el año 2022 se presentaron 4.240 solicitudes diarias de intervención por parte de los ciudadanos. En cuanto a quejas con incidencia disciplinaria, que competen a servidores públicos de cualquier institución, recibieron alrededor de 150 diarias. De estas se abrieron 6.195 investigaciones y 8.665 indagaciones.

“La función disciplinaria la Procuraduría inicia, adelanta, juzga y falla las investigaciones por faltas disciplinarias presuntamente cometidas por funcionarios públicos, incluidos los de elección popular. Esa función misional sacada o elaborada y trabajada en la Asamblea Nacional Constituyente, y plasmada en el artículo 267 numeral sexto de la Constitución Política ha sido ratificada por la Corte Constitucional”, señaló Cabello en su intervención.

La procuradora sostiene que su capacidad de sancionar electos popularmente ha sido ratificada en sentencias y precedentes jurisdiccionales. Se basa también en que esas decisiones deben llegar al Consejo de Estado que las evalúa y las deja en firme para su ejecución después de 30 días del fallo disciplinario.

“Estamos hoy más que nunca fuertes en la función disciplinaria y así la ejerceremos cuando a ello haya lugar frente a funcionarios de elección popular. Y no porque lo diga la señora Procuradora como un asunto caprichoso, es porque lo dice la Constitución política, lo ha dicho la jurisprudencia y lo ha ratificado la Corte Constitucional, máxima autoridad de referencia constitucional de un país democrático y participativo como el nuestro”, reiteró.

La sentencia de la Corte IDH que condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos políticos de Gustavo Petro motivó una reforma de la Procuraduría General de la Nación, el órgano encargado del control disciplinario de los funcionarios públicos. La encargada de la reforma fue Margarita Cabello, pero el ahora presidente sostiene que no lo hizo bien y usa sus poderes para atacar a su gobierno.

Los miembros del Pacto Histórico anunciaron que colectiva e individualmente presentarán solicitudes a la CIDH, apelando a esa sentencia de la Corte Interamericana, porque la Procuraduría ha abierto investigaciones en contra de seis congresistas electos “con lo que se busca debilitar la bancada del primer Gobierno alternativo”, señalaron. Incluso uno de ellos ya fue inhabilitado por ocho meses, el senador Álex Flórez.

El presidente le dijo a su bancada que su defensa no era únicamente la CIDH sino la convocatoria popular. “Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política. Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia”, afirmó.

El Pacto Histórico sostiene, además, que no tiene garantías ante la Procuraduría dirigida por Cabello porque fue ministra de Justicia del gobierno de Iván Duque. La acusan de “actuar, más que como cabeza del Ministerio Público, como integrante de la oposición”, sostuvieron.