La Jurisdicción Especial para la Paz le concedió el beneficio de libertad transitoria y condicionada al exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus por los testimonios que ha entregado sobre los crímenes que cometió junto con los grupos armados. Pese a la decisión, deberá seguir compareciendo sobre los hechos por los que fue condenado y está siendo investigado.
Arana había buscado la libertad desde que se sometió a la JEP, pero se negó su solicitud en 2020 porque primero debía cumplir con sus compromisos para recibir el beneficio. La decisión fue ratificada un año después por la misma razón: el exgobernador no había aportado a la verdad.
En el 2021 se realizó una audiencia de aportes, así como el 19 y 20 de enero, y 24 y 25 de abril de 2023. Lo dicho por Arana a los magistrados en estos últimos espacios le valió el beneficio. Tal habría sido su confesión, que se han conservado de manera privada en la JEP.
Arana tiene dos condenas en su contra: una por los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado por el homicidio del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo León Díaz Salgado. Para este crimen, perpetrado el 5 de abril de 2003, se alió con las Autodefensas Unidas de Colombia.
El exgobernador de Sucre también fue condenado por peculado por apropiación (soborno) por $478.669.719, porque habría recibido dineros de Edwar Cobos Téllez alias “Diego Vecino”. Es investigado, además, por falsedad ideológica y concierto para delinquir, que continúan en curso.
Todos estos procesos fueron acogidos por la JEP para continuar con las investigaciones al acoger a Arana en su calidad de compareciente como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública. Su primera comparecencia se dio el 20 de agosto de 2021, cuando la defensa solicitó que se hiciera una diligencia reservada, que la JEP concedió. Esto contrario a las audiencias públicas con participación de las víctimas.
A raíz de sus aportes, se abrió un cuaderno reservado y se ordenaron algunas pruebas a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. “Una vez practicadas las pruebas, mediante Resolución SDSJ No. 4869 del 11 de octubre de 2021, la SDSJ ordenó medidas cautelares consistentes en ordenar la reserva de las actuaciones, la apertura de un cuaderno aparte para analizar el plan de aportes del compareciente y la participación de las víctimas limitada a los hechos victimizantes que les concerniera directamente”.
Tras entregar sus aportes, volvió a pedir la libertad condicionada, que le fue negada en 2022. La razón era que debía continuar con la entrega de información entre enero y abril de 2023, en las que finalmente participó presencialmente en Barranquilla y le habrían dado el beneficio que le concedió finalmente la JEP.
En el proceso se han acreditado un total de 12 víctimas, de las cuales 10 son familiares del finado Eudaldo Díaz, también se encuentra acreditada la señora Ketty Yolanda Martínez Paternina y el señor Diógenes José Jiménez Polanco.
Pese a quedar en libertad, Arana Sus debió firmar compromisos de continuar compareciendo y hacer parte de los procesos de reparación y no repetición para acceder al beneficio. Así mismo, los aportes debieron ser superiores a lo que esclareció la justicia ordinaria para condenarlo, como la aceptación de su responsabilidad en el crimen de Edualdo díaz.
“Yo no puedo darles ahora los detalles sobre cómo murió su padre, pero sí les diré algo aquí que nunca en 20 años he dicho y que la oculté a la justicia ordinaria: yo fui el autor intelectual de la muerte de su padre, hermano, esposo Eudaldo Díaz. Hoy reconozco esto ante ustedes aunque me cuesta, tengo que decirles la verdad y les pido de corazón que puedan perdonarme”, dijo Salvador Arana ante los asistentes de la declaratoria.
Según el exgobernador, reconoció, que el exalcalde Díaz, fue asesinado por tratarse de alguien que ‘se opuso a la expansión del proyecto paramilitar en Sucre, combatió la corrupción y murió por perseguir una sociedad más justa y equitativa’. Se hace importante recordar que este caso habría llegado hace pocos meses a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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