
La Procuraduría General de la Nación, a través de sus portales informativos, reportó de la sanción que se le impuso al exalcalde de Bucaramanga, Santander, Rodolfo Hernández Suárez.
El también excandidato a la presidencia de Colombia fue destituido e inhabilitado por 14 años luego de que se probara su culpabilidad en las irregularidades de la asignación de contratos en lo que respecta a la unión temporal Vitalogic RSU. ¿En que consiste el caso Vitalogic y qué tiene que ver Hernández?
De acuerdo con lo que se lee en página web de Vitalogic, se trata de una compañía creada en el año 2007 que tiene como objetivo aportar a la protección del medio ambiente. Textualmente, en el portal informativo de aquella empresa se lee que una de sus pretensiones es: “evitar la contaminación del planeta, buscando terminar el impacto adverso de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el medio ambiente”.
El nombre de Rodolfo Hernández se vio relacionado con esta compañía y con la supuesta comisión de un delito entre junio y julio del año 2016. Por aquella época, Hernández pactó una reunión, en su penthouse, ubicado en el barrio Cabecera de Bucaramanga, con el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera.
Aquella polémica cita, de acuerdo con lo que argumenta la Fiscalía, sirvió para que se hablara de la entrega de un contrato de consultoría por 344 millones de pesos al ingeniero químico, Jorge Hernán Alarcón. El ente acusador asegura que Rodolfo Hernández actuó como determinador al “sembrar la idea criminal en el gerente de la EMAB”.
¿Cuál era el plan? Que a través de Alarcón, y para beneficiar a Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo de Hernández, se le adjudicara aquel contrato a Vitalogic ¿Por qué? Porque el hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos, habría pactado una millonaria comisión si el contrato se le daba a Vitalogic.

Rodolfo Hernández propuso, entonces, construir una planta para transformar residuos sólidos en energía, aun sabiendo que Bucaramanga no tenía un espacio adecuado para ello. Hernández, entonces alcalde, le estaba prometiendo a la gente que, de hacerse la construcción, Bucaramanga se convertiría en la primera ciudad de América Latina en tener una estructura de esa clase.
“Lo recibí (al ingeniero químico, Jorge Hernán Alarcón) porque me parecía que con todas las retenciones y con todo ese trabajo que tenía que hacer el equipo, era muy poquita plata la que recibía por su trabajo y yo quería ahorrarle el hotel”, dijo el entonces alcalde, en una entrevista con Vanguardia, al explicar las razones por las cuales había hospedado al especialista para elaborar los pliegos de licitación del contrato.
Luis Andelfo Trujillo, a quien se le conoce como el testigo estrella del caso, entra a la historia en el año 2017, cuando aseguró que tenía pruebas de que Rodolfo quería beneficiar a su hijo a través de la irregular contratación. Luis Andelfo era reconocido, en su momento, por ser un amigo cercano y colega de trabajo del hijo de Rodolfo. Dentro de los documentos que presentó el testigo había uno en el que se evidenciaba que Hernández Oliveros se llevaría una comisión de 666.000 dólares tras la firma del contrato.
Lo que ha dicho Rodolfo para defender a Luis Carlos es que su hijo actuó por ingenuidad y que había sido engañado. “Soy tan bobo, ingenuo o estúpido como me quieran llamar que no se me hizo malo haberlo firmado y haberlo entregado”, dijo Luis Carlos ante la Procuraduría.
Según el anuncio que hizo el 31 de mayo del 2023 la Procuraduría, Rodolfo Hernández, entre otras cosas, “tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar, a quienes entregó información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección”.
“El Ministerio Público encontró probado el segundo cargo y concluyó que el exalcalde adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras”, añade la misiva.
“En la decisión se calificaron las dos conductas reprochadas al disciplinado como faltas cometidas a título de dolo, la primera de naturaleza gravísima por interés indebido en la celebración de contratos, y la relacionada con la coacción al funcionario de la EMAB, como falta grave, decisión respecto de la cual se indicó que podía ser apelada ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación”, concluye.
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