
Tras ser vinculado por múltiples delitos relacionados a la corrupción, como el de los 70 mil millones que dejó embolatar el Ministerio TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), la Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal al polémico contratista Emilio Tapia, por varios de los hechos delictivos en los que, presuntamente, participó, y otros en los que lideró.
En el caso de Centros Poblados, durante el gobierno de Iván Duque, el ente acusador recordó que Tapia habría participado de manera fraudulenta en la apropiación de recursos públicos que se destinarían para llevar internet a los niños de zonas rurales del país.
De acuerdo con el ente acusador, Tapia se contactó con dos sujetos que prestaron sus identidades y empresas para engañar al Gobierno y, a cambio, obtendrían 4 mil millones de pesos. “De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato”, señaló el ente acusador.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que, aunque esas personas no participaron en el multimillonario contrato, sí tuvieron gran incidencia en que se alcanzaran los requisitos legales para lograr sus cometidos ilícitos que, además, se sumaron a otros hechos delictivos en los que el hoy encargado contratista participó.
Por sus labores delincuenciales en ese contrato entre MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados, la Fiscalía reveló que Tapia se echó a los bolsillos 6.182 millones de pesos, que fue uno de los primeros abonos que la cartera, dirigida en ese entonces por la ministra TIC Karen Abudinen, giró para las contrataciones que beneficiarían a más de 7 mil escuelas en el territorio nacional.
“Presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías”, conoció la institución dirigida por el fiscal Francisco Barbosa. En el texto, además, se reveló que Tapia se gastó el resto del dinero en “obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta, y el pago de honorarios a abogados”, avaluados en 5.064 millones de pesos.

Por estos hechos, Tapia deberá responder por los presuntos crímenes de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado, que se suman a otros de los hechos por corrupción en Cali por los que, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, también deberá responder.

Ese hecho fue uno de los más polémicos del alcalde de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina, en el que se iban a invertir más de 5 mil millones de pesos. Las empresas de Emilio Tapia, luego de triquiñuelas, se quedaron con las licitaciones, según dijo la institución, y le permitieron ejecutar los contratos que luego fueron detenidos por la Procuraduría General de la Nación.
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