Estos son los cinco objetivos de la nueva política pública para personas discapacitadas en Bogotá

El miércoles 17 de mayo, la alcaldesa de los bogotanos, Claudia López, y la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, lanzaron la nueva “Política Pública de Discapacidad 2023 - 2034″, la cual busca beneficiar a más de 245 mil personas en condición de discapacidad que residen en la ciudad.

El evento, que reunió las Manzana del Cuidado de Suba, Usme, Bosa y Engativá, tuvo como fin presentar el documento que sienta las bases garantes de los derechos y la inclusión social de las personas que hacen parte de la población en condición de discapacidad, y que a su vez; beneficiará a sus familias, cuidadores y cuidadoras, en los próximos 12 años con una inversión cercana a los 2,2 billones de pesos.

“No se trata de hacer 1.000 páginas de retórica, lo que hemos logrado es acordar cinco propósitos, entre ellos que moverse por la ciudad no sea una barrera, y que esté diseñada para las personas con condiciones diferenciales. Por eso seguimos empeñados en construir el Metro, en construir corredores verdes, en que la red semafórica sea para todos y todas”, indicó López.

La Secretaría de Integración Social destacó que la nueva política está conformada por 83 productos y servicios que son resultados de diversos procesos de concertación, con los cuales se busca generar beneficios en:

• Salud.
• Desarrollo económico.
• Educación.
• Movilidad.
• Gobernanza.
• Entre otros.

Barraquer precisó que en Bogotá existen muchas barreras tanto en lo actitudinal como en infraestructura, para generar una comunicación asertiva y para entender a las personas con alguna discapacidad diferencial.

La nueva política pública busca realizar cerca de 3.000 adecuaciones de infraestructuras físicas de la ciudad, para garantizar y facilitar la movilidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad; fortalecer el apoyo de atletas de alto rendimientos con discapacidades, y fomentar el deporte y la recreación de esa población.

A su vez, tiene como fin el implementar el registro de personas cuidadoras de personas en condición de discapacidad para generar capacitaciones en aspectos de fortalecimiento productivo y empresarial; brindar información en habilidades de trabajos y establecer con ellos una ruta de empleabilidad para la “inserción laboral” de esa población y de quienes los cuidan.

Claudia López explicó que la política estará conformada por 13 componentes de los cuales destacan: el reconocimiento de las personas cuidadoras de personas con capacidades diferenciales; fortalecimiento de redes comunitarios y familiares; inclusión digital de personas en condición de discapacidad; representaciones sociales de las capacidades diferenciales y transformación de paradigmas.

Estos son los cinco objetivos claves de la nueva política pública

La entidad de Integración Social y la alcaldía Mayor de Bogotá compartieron los cinco objetivos generales que estarán encaminando las actividades y estrategias a desarrollar en los próximos 12 años:

• Fortalecer las redes de apoyo y cuidado a partir de acciones individuales, familiares, colectivas, institucionales y sociales, bajo los principios de autonomía e independencia, en el marco de la garantía de sus derechos.
• Garantizar su participación y representación en diferentes escenarios y espacios, en condiciones de igualdad y equidad, con paridad
• Promover acciones afirmativas para la garantía de derechos y estrategias de transformación de paradigmas, estereotipos y representaciones sociales que fortalezcan su reconocimiento como sujetos de derechos.
• Adoptar medidas para el desarrollo de capacidades, la autonomía y la atención integral, diversa y diferencial de la población con capacidades diferenciales.
• Establecer medidas para la eliminación de barreras y el disfrute del entorno, territorio y medioambiente, como escenarios de interacción social accesibles e incluyentes.

Conforme con la Secretaría de Integración Social la nueva política es el resultado de un esfuerzo colectivo interinstitucional del distrito con los entes de control, la academia y representantes de organizaciones de personas con discapacidad diferencial, entre otros; con el fin de identificar las causas de exclusión y discriminación sobre esa población, determinantes claves para la construcción de la agenda pública.