
El miércoles 17 de mayo, la alcaldesa de los bogotanos, Claudia López, y la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, lanzaron la nueva “Política Pública de Discapacidad 2023 - 2034″, la cual busca beneficiar a más de 245 mil personas en condición de discapacidad que residen en la ciudad.
El evento, que reunió las Manzana del Cuidado de Suba, Usme, Bosa y Engativá, tuvo como fin presentar el documento que sienta las bases garantes de los derechos y la inclusión social de las personas que hacen parte de la población en condición de discapacidad, y que a su vez; beneficiará a sus familias, cuidadores y cuidadoras, en los próximos 12 años con una inversión cercana a los 2,2 billones de pesos.
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“No se trata de hacer 1.000 páginas de retórica, lo que hemos logrado es acordar cinco propósitos, entre ellos que moverse por la ciudad no sea una barrera, y que esté diseñada para las personas con condiciones diferenciales. Por eso seguimos empeñados en construir el Metro, en construir corredores verdes, en que la red semafórica sea para todos y todas”, indicó López.
La Secretaría de Integración Social destacó que la nueva política está conformada por 83 productos y servicios que son resultados de diversos procesos de concertación, con los cuales se busca generar beneficios en:
- Salud.
- Desarrollo económico.
- Educación.
- Movilidad.
- Gobernanza.
- Entre otros.
Barraquer precisó que en Bogotá existen muchas barreras tanto en lo actitudinal como en infraestructura, para generar una comunicación asertiva y para entender a las personas con alguna discapacidad diferencial.
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La nueva política pública busca realizar cerca de 3.000 adecuaciones de infraestructuras físicas de la ciudad, para garantizar y facilitar la movilidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad; fortalecer el apoyo de atletas de alto rendimientos con discapacidades, y fomentar el deporte y la recreación de esa población.
A su vez, tiene como fin el implementar el registro de personas cuidadoras de personas en condición de discapacidad para generar capacitaciones en aspectos de fortalecimiento productivo y empresarial; brindar información en habilidades de trabajos y establecer con ellos una ruta de empleabilidad para la “inserción laboral” de esa población y de quienes los cuidan.
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Claudia López explicó que la política estará conformada por 13 componentes de los cuales destacan: el reconocimiento de las personas cuidadoras de personas con capacidades diferenciales; fortalecimiento de redes comunitarios y familiares; inclusión digital de personas en condición de discapacidad; representaciones sociales de las capacidades diferenciales y transformación de paradigmas.
Estos son los cinco objetivos claves de la nueva política pública
La entidad de Integración Social y la alcaldía Mayor de Bogotá compartieron los cinco objetivos generales que estarán encaminando las actividades y estrategias a desarrollar en los próximos 12 años:
- Fortalecer las redes de apoyo y cuidado a partir de acciones individuales, familiares, colectivas, institucionales y sociales, bajo los principios de autonomía e independencia, en el marco de la garantía de sus derechos.
- Garantizar su participación y representación en diferentes escenarios y espacios, en condiciones de igualdad y equidad, con paridad
- Promover acciones afirmativas para la garantía de derechos y estrategias de transformación de paradigmas, estereotipos y representaciones sociales que fortalezcan su reconocimiento como sujetos de derechos.
- Adoptar medidas para el desarrollo de capacidades, la autonomía y la atención integral, diversa y diferencial de la población con capacidades diferenciales.
- Establecer medidas para la eliminación de barreras y el disfrute del entorno, territorio y medioambiente, como escenarios de interacción social accesibles e incluyentes.
Conforme con la Secretaría de Integración Social la nueva política es el resultado de un esfuerzo colectivo interinstitucional del distrito con los entes de control, la academia y representantes de organizaciones de personas con discapacidad diferencial, entre otros; con el fin de identificar las causas de exclusión y discriminación sobre esa población, determinantes claves para la construcción de la agenda pública.
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