Fiscalía llamó a versión libre a Miguel Maza Márquez por el magnicidio de Carlos Pizarro

La Fiscalía General de la Nación llamó el jueves 18 de mayo al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, para declarar en versión libre sobre el magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez, perpetrado el 26 de abril de 1990.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia escuchará, el miércoles 31 de mayo a las 9:00 de la mañana, al exfuncionario condenado por los delitos concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio por su relación con el crimen del también excandidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento.

Esta es la primera vez que un funcionario de la Rama Judicial cita al general (r) para que declare por el asesinato del dirigente político y otrora integrante de la Alianza Democrática M-19, movimiento político que surgió tras el acuerdo de paz alcanzado con la antigua guerrilla.

Si bien el nombre del exdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad fue mencionado dentro de las investigaciones relacionadas con este magnicidio, es la primera vez que un funcionario de la Rama Judicial lo llama para declarar por este caso.

De hecho, en 2017 Mauricio Ponce, principal fiscal dentro del proceso, le pidió a la Corte Suprema indagar sobre Maza Márquez. Solo la magistratura de ese tribunal podía hacer esas labores debido a que tiene fuero constitucional. Con esta decisión del ente de control, se activan las investigaciones del caso que, luego de 33 años, sigue en la impunidad.

Este no es el único exagente del Estado involucrado en el crimen. Jaime Ernesto Gómez, uno de los escoltas de Pizarro Leongómez y también exagente del DAS, es investigado también por posibles nexos en ese asesinato. De acuerdo con pesquisas de la Fiscalía, mató al sicario que le disparó al entonces dirigente político para “ganar el silencio del potencial testigo y asegurar, en buena parte, la impunidad rampante durante décadas”.

Sumado a eso, tanto la entidad como el fiscal Ponce afirmaron que hubo complicidad de actores estatales tanto en la planeación como en la ejecución del crimen cometido cuando Pizarro estaba a bordo de un avión en Bogotá con destino a Barranquilla. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Maza Márquez dijo que estaba dispuesto a realizar aportes sobre los vínculos entre paramilitares y la fuerza pública, además del surgimiento de esas estructuras en Magdalena Medio.

Pero si bien Maza Márquez no fue admitido por el tribunal transicional (debido a falta de aportes sobre el magnicidio de Galán Sarmiento), su testimonio es valioso para la justicia ordinaria debido a que fungió entre 1985 y 1991 como director del DAS. En ese mismo periodo, ocurrieron también los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa (1990), Jaime Pardo Leal (1987) (candidatos presidenciales al igual que Pizarro) y los dirigentes regionales Teófilo Forero y José Antequera, perpetrados en 1989.

En febrero de 2021, el general retirado había sido llamado por la JEP para declarar en el marco del macrocaso 06 –victimización de miembros de la Unión Patriótica– y se esperaba su versión sobre los crímenes contra los dirigentes ya mencionados.

“La Sala – de Reconocimiento – hizo este llamado teniendo en cuenta que el general (r) Maza Márquez fue mencionado en los informes de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica, y en los informes presentados por las víctimas, y luego de recaudar numerosas pruebas y decisiones judiciales de la justicia ordinaria”, explicó en ese entonces la sección del tribunal.

Sin embargo, en diciembre de 2022 la jurisdicción especial le negó el sometimiento bajo el argumento de que no hizo aportes suficientes a la verdad sobre el magnicidio de Galán Sarmiento. “No muestra ningún interés en entrar en un proceso restaurativo encaminado a satisfacer, real y efectivamente, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, su caso debe devolverse a la jurisdicción ordinaria”, indicó la misma Sala.

Ahora, con respecto al crimen de Pizarro, la Fiscalía tiene pruebas de una supuesta participación de Manuel Antonio González, exjefe de protección del DAS y Flavio Trujillo, antiguo jefe de la sección de corporaciones públicas de la misma entidad. Ninguno de los dos fue vinculado a una investigación formal.