La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves 18 de mayo la denuncia escrita en contra de una procuradora delegada del Atlántico, una empleada del Tribunal Administrativo del Atlántico y cuatro abogados, estos últimos investigados por entregar dádivas a jueces y a los funcionarios por direccionar fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en el Departamento.
Tras la investigación de la Fiscalía, hicieron público el comunicado en el que se descubrió una red de corrupción para direccionar fallos judiciales en el Atlántico. Loss acusados por el ente judicial fueron: la procuradora delegada, Faicy León Mass; la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo; y los abogados Victoriano Apolinar, Yenny Bustamante, Yina Paola y Sindris Benthan.
De acuerdo con la institución judicial, la red de corrupción habría direccionado seis fallos a favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en el Atlántico entre abril y agosto de 2014.
La entidad agregó que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción fue quien acusó formalmente a la procuradora delegada por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio, así como a María Navarro de cohecho impropio y cohecho propio. A los abogados, por su parte, se les acusó por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Entre las acusaciones que hizo el fiscal, denunció que Navarro habría presentado una sentencia por la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico le había ordenado a la policía indemnizar a un grupo de personas. Decisión que aceptó León Mas y las dos funcionarias se repartieron 12 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, “La procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de proyectar y/o suscribir un fallo de primera instancia. Aquí se acreditó que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así poder desembolsar la suma pactada”.
Así operaron los funcionarios y abogados
Eduard Alirio Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, fue el encargado de informar el caso judicial por medio de los canales institucionales.
El investigador señaló que a través de su trabajo se descubrió que un entramado criminal, entre abril y agosto de 2014, presuntamente, direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en el Atlántico.
Así las cosas, Calderón explicó que desde una oficina de abogados se habría concertado la entrega de dádivas a funcionarios judiciales y de la Procuraduría para tales fines.
Por esa misma línea, se conoció que los abogados, al parecer, le dieron 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga con el fin de obtener una favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.
Así mismo, la servidora del tribunal presuntamente acordó que recibiría 20 millones de pesos para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas.
Finalmente, la procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de proyectar o suscribir un fallo de primera instancia. En esa instancia, se acreditó que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así poder desembolsar la suma pactada.
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