Por caso del edificio Aquarela formulan cargos contra exfuncionario del Ministerio de Cultura

Ubicado en cercanías del Castillo San Felipe de Barajas y el centro histórico de Cartagena, se conoció una nueva decisión sobre el caso del edificio Aquarela, luego de que fuera construido en zona declarada como patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco en el año 1984.

Fue así que se conoció la decisión de la Procuraduría General de la Nación quien anunció la formulación de cargos disciplinarios dirigidos en contra de Alberto Escobar Wilson-White, quien operaba como director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura.

De acuerdo con información previa a la notificación oficial por parte del ente de control, Wilson habría omitido control y vigilancia del proyecto en su construcción.

Esto, según explicó la Procuraduría, cuando se trata de tutelas en las que se involucran bienes patrimoniales del territorio nacional, el Ministerio de Cultura tiene la facultad de emitir órdenes, oficios y directrices, pero también la toma de acciones como parte de sus obligaciones.

En este sentido, la conducta omisiva del exfuncionario incurrió en lo que determinó el ente de control como una falta disciplinaria por incumplir su deber de tener pleno conocimiento acerca de las leyes y las funciones del Ministerio, pues omitió el desarrollo y la puesta en marcha para la protección del patrimonio.

Cabe recordar que esta decisión se enmarca dentro del escándalo que implicó la construcción del edificio, donde un juez de la ciudad habría ordenado su demolición asegurando que se habrían vulnerado los derechos colectivos al disfrute del espacio público y su utilización.

En este escenario, el ente de control determinó iniciar investigación disciplinaria y en ello, también anunció el archivo definitivo del expediente que se adelantaba contra William Dau, alcalde de la ciudad de Cartagena, así como también del exalcalde a cargo, Pedrito Pereira Caballero y del secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda, entre otros funcionarios.

En el mes de marzo de 2023 la Procuraduría dio a conocer, a través de un comunicado, el fallo de un juez administrativo de Cartagena en el que se ordenó la demolición del edificio Aquarela, siguiendo los argumentos que presentó el ente de control en una demanda en la que también participó el Ministerio de Cultural.

De acuerdo con el documento, la sentencia señala que en la construcción del edificio, el cual contemplaba el levantamiento de cinco torres luego de obtener su licencia en el año 2014 por parte de la Curaduría Urbana número 1 de la ciudad, vulnera: “... los derechos colectivos al goce del espacio público, su utilización y defensa y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas”.

Para la demolición, el ente de control informó que el Distrito de Cartagena, así como la Promotora Calle 47 S.A.S., son quienes deberán asumir el valor por el proceso, así como también deben restituir los 619.59 metros cuadrados que fueron utilizados del espacio público. Para ello, la Procuraduría señaló que tendrán un plazo de tres meses.

No obstante, el proceso de demolición del edificio adelantado se ha postergado desde que se detuvo la construcción en el año 2017, momento en el que el Gobierno nacional y la Unesco señalaron que la presencia del edificio representaba un riesgo para la zona declarada Patrimonio de la Humanidad.

En enero del año 2023, el alcalde de la ciudad, William Day, anunció que se daría a conocer el plan diseñado para el proceso de restitución del espacio público por parte de la empresa Promotora Calle 47. Sin embargo, en ese momento quedaron en dudas el proceso de demolición.

El pronunciamiento del alcalde tuvo lugar luego de que la Unesco iniciara la evaluación del informe que fue entregado por el Gobierno nacional en el cual se registraba el estado de conservación del conjunto patrimonial. Allí, el organismo instó la demolición del edificio Aquarela junto con un informe que solicitó al Gobierno.

De hecho, Isabella Restrepo Mejía, directora de la Fundación Centro Histórico, también se pronunció sobre la medida expedida por la Unesco y señaló que: “... son muy claros en que Aquarela hay que quitarlo, si uno lee el numeral 8 expresan su gran preocupación por el impacto negativo que genera el proyecto al patrimonio”.