Notables cifras contra el contrabando en Colombia entregaron el 11 de mayo la Federación Nacional de Departamentos (FND), la Dirección de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco).
Esto, durante el lanzamiento de la estrategia Zonas de Comercio Legal 2023, una iniciativa dirigida principalmente a tenderos del país para acompañar su formalización empresarial e incentivar la vinculación como aliados de la lucha anticontrabando.
De acuerdo con la FND, entre enero y abril de 2023 se logró la aprehensión de 740.118 cajetillas de cigarrillos, 66.198 botellas de licor (de 750 mililitros) y 288.589 cervezas (de 350 mililitros), mercancía ilegal avaluada por un valor total comercial superior a $6.100 millones.
Adicionalmente, la entidad anotó que durante las visitas de control hechas en el mismo intervalo por los grupos operativos adscritos a las secretarías de Hacienda departamentales, 216 establecimientos comerciales terminaron cerrados por permitir la venta de productos ilícitos.
Además, de acuerdo con el estudio de la FND, a causa del contrabando de cigarrillos, en 2022 los 32 departamentos y el Distrito Capital dejaron de recaudar cerca de $900.000 millones por concepto del impuesto al consumo, lo que afecta de manera directa la inversión en salud, educación y deporte.
De acuerdo con cifras de Fenalco, el mercado de las tiendas de barrio en Colombia está constituido por 450.000 establecimientos, siendo el canal de distribución más importante en el país, lo que consolida el 48% de la canasta familiar en las ciudades y el 62% de la misma en poblaciones más pequeñas. De igual manera, se identificó que los tenderos derivan buena parte de los ingresos de la venta legal de cigarrillos, donde 188.640 comercializan de forma histórica la categoría de tabaco.
Según el último estudio de la firma Kantar, las ventas de cigarrillos representan el cuarto lugar en orden de importancia de las categorías para los tenderos.
Contrabando de cigarrillos viene desde Panamá
Panamá se convirtió en un verdadero hub de cigarrillos ilegales a destinos de América Latina. En el caso colombiano, de acuerdo con Invamer, en 2022 el 34% de los cigarrillos que se consumieron en el país fueron de contrabando.
Es decir, uno de cada tres cigarrillos que circulan en el país son ilegales porque no pagan impuestos. Los departamentos con mayor índice de consumo de cigarrillos ilegales en 2022 fueron La Guajira (94%), Sucre (91%), Cesar (88%), Magdalena (82%) y Norte de Santander (79%).
Pero el caso colombiano es la punta del iceberg, pues se estima que es Panamá la puerta de acceso de estas cajetillas. De hecho, unos 8.000 millones de paquetes de cigarrillos ingresan al país centroamericano y por añadidura van a mercados como Ecuador, Colombia y México, afectando en gran medida al comercio legal, las finanzas de los países y las medidas sanitarias.
Contrabando equivale a $25 billones al año en Colombia
El comercio ilícito es un problema mayúsculo que se debe abordar de manera prioritaria, pues se calcula que en Colombia ingresa contrabando equivalente a $25 billones en un año, entre la modalidad abierta, en la que se mueve la mercancía por canales no oficiales, y la técnica, en la que se manipula la documentación. Esta última aumentó en los últimos años.
Esas cifras las entregó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, en la instalación del VIII Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac) organizado con el objetivo de continuar con aportes a la construcción de agendas conjuntas que contrarresten el comercio ilícito en la región, con la generación de sinergias entre todos los actores del sector público y privado y los países.
En esta vía, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, señaló que el Gobierno nacional tiene un compromiso claro de luchar contra el contrabando.
De acuerdo con Reyes, los cálculos de la Dian indican que en 2021 el contrabando fue de USD6.374 millones ($30 billones) en mercancías que, al ingresar al país sin pagar impuestos y aranceles, fortalecen economías ilegales y quitan recursos a la salud, la educación y los programas del Estado.
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