Procuraduría pidió a la JEP determinar que el Bloque Occidental de las Farc sí cometió secuestros con fines de explotación laboral

En la tarde del cuatro de mayo de 2023 se conoció que la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinar que el Bloque Occidental de las Farc sí cometió secuestros con fines de explotación laboral.

Según el Ministerio Público, este tipo de actos constituirían un patrón independiente de macrocriminalidad, pues al imponerles trabajos forzados se instrumentalizaron las personas que sufrieron este flagelo y fueron tratadas como una propiedad por el grupo ilegal.

Para argumentar su petición, la Procuraduría citó varios casos entre los que se destacaron seis hechos en los que las víctimas fueron dos campesinos, dos estudiantes y el conductor de una volqueta; como también, el secuestro de una mujer en el municipio de Policarpa, departamento de Nariño, que fue forzada a trabajar en labores de cocina en un campamento guerrillero, a limpiar las botas de los guerrilleros y a sostener relaciones sexuales con ellos.

Para el Ministerio Público, el problema está en que muchas de las víctimas de secuestro no fueron conscientes que los trabajos forzados a los que se les sometió pueden ser considerados como esclavitud.

El delegado Jairo Ignacio Acosta Aristizábal explicó que los relatos de las víctimas se dieron a conocer solo hasta que la Procuraduría y el despacho de la magistratura le dieron visibilidad a esta forma de victimización.

De acuerdo con el ente investigador, el hecho de que se reconozca este patrón por la JEP se convierte en una garantía del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, pues “implica invisibilizar una de las formas de victimización utilizadas por el Bloque en el marco de la política de secuestros, máxime cuando la reparación tendrá que caracterizarse a tono con el daño”.

En el documento compartido por la Procuraduría, se dio a conocer que entre 1993 y 2016 el Bloque Occidental de las Farc habría secuestrado al menos 963 personas, 107 fueron civiles entre campesinos, comerciantes, adultos mayores y menores de edad, por los que cobraban en promedio 200 millones de pesos por su rescate, pero incluso, luego de recibir el pago, los secuestrados nunca regresaron a sus hogares.

Con el fin de esclarecer todos estos detalles, la Procuraduría también le solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas un reporte detallado sobre las personas que fueron víctimas de desaparición forzada y que, a la fecha, se encuentren buscando.

La Procuraduría también confirmó que la mayoría de los secuestros cometidos por el Bloque Occidental ocurrieron entre 1999 y 2001, mismo periodo de tiempo en el que el Ministerio Público identificó una alta proporción de menores de edad víctimas de secuestro.

De acuerdo con el documento, en esos años, al menos 80 menores fueron secuestrados, lo que “visibiliza una forma particular de victimización que debe ser evidenciada en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas de este Bloque”.

Sobre las víctimas, la Procuraduría concluyó que, “el sufrimiento de ellas y sus familias es inmensurable. Muchas tuvieron que irse de sus hogares en varias oportunidades, no obstante, en varios casos todavía falta mayores asunciones de responsabilidad sobre el desplazamiento directo que se generó, pues en los reconocimientos de responsabilidad todavía no se reconoce esta práctica como una política directa”.