Fiscalía investiga a la Brigada 23 del Ejército Nacional por posibles casos de corrupción

En la jornada del martes 2 de mayo un fiscal especializado en Delitos contra la Administración Pública, con apoyo de unidades de contrainteligencia del Ejército Nacional, realizó una inspección en dos oficinas de la Brigada 23 de la institución, ubicadas en Pasto (Nariño), por cuenta de una investigación penal por presuntos actos de corrupción de algunos funcionarios activos, quienes habrían laborado en esta sede militar.

De acuerdo con la indagación contenida en el Acta de destinación final de bienes dados de baja No 004162, se habrían cometido actos irregulares en la destrucción de cartuchos de munición 5.56 milímetros y de chalecos multipropósitos, la cual se debió realizar el 20 de junio de 2021, pero, al parecer, nunca se ejecutó.

Dentro de las actividades realizadas por el ente investigador, al interior de la Brigada 23, los funcionarios retiraron documentos del archivo central y del almacén de armamento, unidades ubicadas en el cantón Boyacá, para confirmar las acciones que se realizaron con ese material de intendencia.

Hay que destacar que el 26 de abril de 2023, la Fiscalía General realizó las audiencias de control de garantías ante un juzgado penal con control de garantías de la capital de Pasto, en la que se legalizó el procedimiento de allanamiento e incautación de la documentación clave para el desarrollo del proceso investigativo.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos de presunta corrupción dentro del Ejército Nacional. La institución militar tampoco se ha pronunciado sobre las diligencias realizadas al interior de la Brigada 23.

Esta es la segunda investigación que abre la Fiscalía General en contra de miembros del Ejército Nacional en menos de un mes.

El lunes 3 de abril, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Ángulo Lozano, como posibles responsables de extraer armas, munición, uniformes y otros elementos de batallones en Antioquia, Chocó y Tolima con fines de tráfico ilícito.

La investigación realizada por la institución daría cuenta de que los funcionarios, al parecer, se valieron de su posición y cargos para obtener de manera irregular el material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de particulares.

Por estos hechos, se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

En ese sentido, se estableció que el sargento Rodríguez Lancheros, mientras se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín, entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática. Para evitar ser descubierto, presuntamente, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades.

Mientras que el sargento Ángulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército Nacional en Medellín, también fue señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.