El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, volvió a referirse a los peajes en Colombia, que tuvieron congelamiento de precios en enero. Lo hizo en la presentación de un estudio de Fedesarrollo para la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) sobre del impacto del sector en la economía.
Afirmó que para algunos megaproyectos del país esta decisión tendría que revertirse ya que hay unas vías 4G en Colombia, que son de iniciativas privadas (IP), y por ley no pueden recibir recursos públicos.
Explicó que en la ley se establece que el modelo se basa en el cobro de peajes y no en la recepción de recursos del Estado. Entonces, si no cobran peaje tendrían un impacto económico notable, ya que no recibirían ni un peso para construir las megaobras.
De acuerdo con lo dicho por el ministro de Transporte, y según información de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los peajes que tendrían aumentos son los de los megaproyectos Antioquia – Bolívar, Cambao – Manizales, Girardot – Ibagué – Cajamarca, Malla Vial del Meta, Neiva – Espinal – Girardot, Vías del Nus en Antioquia, Chirajara – Fundadores y Tercer Carril Bogotá – Girardot.
Según Guillermo Reyes, como lo anunció el Gobierno nacional en enero, el resto de peajes seguirán en 2023 con las tarifas congeladas. Sobre estos, anotó que el Gobierno nacional solventará estos recursos con la adición presupuestal que se tramita en el Congreso de la República.
El funcionario también puntualizó que la congelación de tarifas de peajes no es indefinida.
Alianzas público-privadas
Al dar detalles sobre el estudio “El aporte de las concesiones mediante APP en infraestructura de transporte al crecimiento y el bienestar de Colombia”, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, habló sobre las alianzas público-privadas (APP) y aseguró que las concesiones de este tipo son esquemas de ejecución que exigen estabilidad institucional y jurídica.
Anotó que a pesar del histórico rezago en materia de carreteras, Colombia experimenta un aumento significativo en la inversión en infraestructura en las últimas décadas. Según él, en el siglo XX la inversión promedio representó 1 punto del PIB (Producto Interno Bruto), cifra que se incrementó en los últimos años a cerca del 1,5% en lo corrido de este siglo, con un pico más alto registrado en 2012 (2,4%).
No obstante, advirtió que en los últimos meses surgió gran incertidumbre en relación con las señales y anuncios del Gobierno que podrían afectar la estabilidad a mediano y largo plazo de este modelo. Uno de los ejemplos es la congelación de las tarifas de los peajes mediante el decreto 050 de enero de 2023, que podría generar una contingencia fiscal del orden de $13,8 billones en los próximos años, que es el tamaño estimado del déficit eventual de largo plazo a favor de los concesionarios.
Además, dijo que el estudio alerta sobre el efecto para las iniciativas privadas, proyectos que, como afirmó el ministro Guillermo Reyes, tienen como única fuente de ingreso de financiación el recaudo de las tarifas de peajes.
De igual forma, precisó que los retrasos en las inversiones en infraestructura que se originarían en la incertidumbre para las APP en transporte podrían reducir el crecimiento de la economía en órdenes del 0,5% del PIB, lo que afectaría de manera negativa la generación de empleo y superación pobreza.
Financiación y operación de inversiones
Sobre esto, el director del estudio, Juan Benavides, enfatizó que la naturaleza del modelo de concesiones permite la financiación y operación óptima de inversiones que no se hubieran podido hacer con los recursos públicos disponibles a lo largo de tres décadas.
“El desmantelamiento del modelo de APP reduciría la dotación de infraestructura de buena calidad dado que no hay espacio fiscal para sustituir APP por obras públicas en el corto plazo, aumentaría los costos generalizados de transporte, reduciría el ritmo de crecimiento del PIB, y empobrecería a la mayoría de la población”, concluyó.
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