
En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación señaló que la norma que regula la Ley de desconexión laboral en Colombia (Ley 2191 de 2022, art. 6), no cobija a los trabajadores y servidores públicos que se desempeñan en “cargos de dirección, confianza y manejo”.
Es de recordar que con la ley, establecida durante el Gobierno del expresidente Iván Duque, se busca garantizar que el empleador “no trasgreda los límites que deben existir entre la jornada laboral y los tiempos de descanso, licencias, permisos y vacaciones, ni aquellos de la intimidad personal y familiar del trabajador o servidor público”.
En el concepto enviado a la alta corte, que se estudia en el marco de una demanda con la que se busca tumbar la ley, el Ministerio Público dijo que esa norma no aplica para funcionarios públicos que ostenten cargos directivos debido a que, el desempeño en dichos puestos, ya es “una razón válida constitucionalmente para establecer un trato diferencial entre quienes ocupan dichas posiciones de privilegio y los demás empleados”.
A renglón seguido, la Procuraduría precisó que, debido al grado de responsabilidad que se tiene en los cargos de esa índole, se justifica solicitarle a quien se desempeña en ese puesto una disponibilidad distinta ya que “su fuerza laboral reviste una especial importancia para el cabal desarrollo de las operaciones de las organizaciones”.

La jefe del ente de control, Margarita Cabello, aclaró que los funcionarios públicos que ostenten cargos directivos únicamente podrán ser requeridos en sus tiempos de reposo en caso de alguna urgencia, y ese periodo laboral extra les deberá ser reconocido.
Bajo esos argumentos, la procuradora Cabello solicitó a la alta corte declarar constitucional el artículo demandado, pues señaló constituye una disposición legítima en la que no se desconoce “el principio de igualdad ni los derechos de los trabajadores”.
El ente de control concluyó su concepto recordando a la Corte Constitucional que la norma que dejó el Gobierno del expresidente Iván Duque se define como el derecho de los empleados a no tener contacto por medio de cualquier herramienta, ya sea tecnológica o no, con su entorno de trabajo por fuera de su horario laboral, ni en sus vacaciones o periodos de descanso.
¿Desde qué momento rige la desconexión laboral?
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, dejó en claro que la desconexión laboral comienza cuando la jornada de trabajo del empleador finaliza. En ese sentido, la entidad dejó en claro que “no hay excusas aceptadas que puedan violar este principo, salvo las establecidas en la ley”.

De esa manera, de acuerdo con la ley, “será ineficaz cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contra del objeto de esta ley o desmejore las garantías que aquí se establecen”.
Más Noticias
Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata terminan en el calabozo tras fuerte sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'
El Jefe sancionó a tres concursantes y las envió directamente al castigo, lo que encendió la tensión y sorprendió a todos en el ‘reality’

Mateo Cassierra es uno de los 23 expulsados que dejó la batalla campal del clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro
Aunque en varias ocasiones el colombiano intentó calmar los ánimos y alejar a sus compañeros del centro de la pelea, el juez central lo reportó como uno de los agresores del Atlético Mineiro

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: siga aquí a los ciclistas colombianos en una de las carreras más importante del calendario UCI
La segunda jornada de competencia comprende una etapa de 187 kilómetros entre Épone y Montargis, considerada un día propicio para los sprinters del pelotón

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: así quedó la lista de candidatos presidenciales tras conocerse los tres ganadores en consultas interpartidistas
Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

La Alcaldía de Medellín le pidió a Juan Valdez que le pague: la cadena debe más de $7.000 millones por el pago del impuesto de Industria y Comercio
El requerimiento de la administración local establece un cobro por más de $7.000 millones, mientras la empresa administradora del emblema caficultor objetó la legitimidad del procedimiento e identificó inconsistencias en los cálculos oficiales

