El miércoles 12 de abril se desplomó el puente El Alambrado que pasa por encima del río La Vieja y une a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca. La caída de la estructura ha generado un impacto significativo no solamente en el transporte de carga y de vehículos particulares, sino también en las importaciones, exportaciones y el mismo consumo diario de los colombianos.
Por ejemplo, los transportadores de carga, las empresas de buses de servicio interdepartamental, que a diario atraviesan esta zona del país, han tenido que cambiar sus rutas lo que les ha generado un incremento en sus gastos.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) implementó las vías alternas que se pueden tomar. Desde Quindío recomienda la vía Quimbaya-Alcalá-Cartago y para los vehículos de carga pesada la ruta: Armenia-Pereira-Cartago.
Mientras que para vehículos de carga pesada que van entre Bogotá y Buenaventura recomienda tomar el desvío desde el Valle por la vía La Paila-Zarzal-Cartago-Pereira-Calarcá-La Línea-Bogotá.
El tiempo adicional en los viajes, el retraso en la entrega de mercancías y alimentos, el mayor consumo de combustible son otras de las afectaciones que se presentan por el desplome del puente El Alambrado.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Gobierno nacional tomar medidas urgentes para que sean protegidos los derechos de las personas que a diario transitan por el corredor vial que quedó afectado por el colapso de la estructura vial.
Para la entidad del Ministerio Público todo esto implicaría pérdidas millonarias, que, con el paso de los días, podría impactar en la inflación. Sobre esto, puntualmente, señaló que el puente El Alambrado es estratégico para unir a Bogotá con Buenaventura.
Hay que destacar que según cálculos de Colfecar el puerto de Buenaventura tiene el 21% del volumen de carga del país, mientras que Fedetranscarga estima que esta cifra puede ser de hasta el 45% de la carga en Colombia y el 18% de la carga de exportación, “lo que supone un impacto significativo en el sector de transporte de carga”, puntualizó la Defensoría del Pueblo.
El 13 de abril, un día después de la caída del puente, Guillermo Reyes, ministro de Transporte, aseguró que se habilitará un puente militar que permita el paso entre los dos departamentos y el cual sería adecuado entre 30 y 45 días.
Sobre el anuncio del ministro Reyes también se pronunció la Defensoría del Pueblo que aseguró que no solamente el Valle del Cauca, productor de azúcar, y Quindío, productor de café, serían los afectados con el paso de las semanas mientras es construido un nuevo puente.
Al término de su comunicado, la Defensoría del Pueblo le envió su mensaje de solidaridad a las familias de los dos uniformados de la Policía Nacional que murieron a causa del colapso del puente, justo cuando se movilizaban en un vehículo de carga pesada, como también lamentó que varias personas, que pasaban en sus automotores, hayan resultado heridas en este trágico hecho.
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