Este es el enredo que tiene al alcalde de Cali con las cuentas embargadas: le piden que renuncie

Varios enredos tiene el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con la Contraloría y la Procuraduría, lo cual le costó que le embargaran sus cuentas bancarias y sus bienes.

En primer lugar, se le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a él y a otros implicados por un presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca ―Impretic´s― y la Unión Temporal Windetec que habría generado un detrimento patrimonial de más de 1.800 millones de pesos.

Este procedimiento se da en alcance de la audiencia pública del 30 de septiembre pasado, en la que se denunciaron anomalías en la empresa pública de servicios Emcali, convocada por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

La Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la Contraloría encontró irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de vigilancia de la Policía de Cali, en la ejecución del contrato y la entrega de estos dispositivos, lo cual habría generado el detrimento anteriormente mencionado.

A este caso, quedaron vinculados el alcalde Ospina, el secretario de Seguridad y Justicia, el supervisor del contrato, el gerente general de Impretic´s y los miembros de la Unión Temporal. A todos ellos la Contraloría les embargó sus cuentas bancarias y adicionalmente le compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación.

“En el caso de Emcali, las investigaciones que he venido realizando con mi equipo nos permiten hoy anunciar la apertura de procesos de Responsabilidad Fiscal con medidas cautelares en importantes asuntos, que van mucho más allá de hallazgos fiscales y tocan el patrimonio personal de los implicados, así como en el caso de Emcali, lo estamos haciendo en todo el país”, manifestó el contralor general.

El segundo proceso de responsabilidad fiscal tiene que ver con la contratación para reponer los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Ptap Puerto Mallarino - Fase I.

Aquí se evidenció el pago de lo no debido con ocasión de un Contrato de Obra por una cuantía aproximada de presunto daño patrimonial de 176 millones de pesos. En este caso, los implicados son el Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial, el Ingeniero de Proyectos y varios contratistas miembros del consorcio “ASECAF Clarificación Puerto Mallarino”. El auto de apertura del proceso cuenta con medidas cautelares de embargo a 21 cuentas bancarias.

También se tomaron decisiones en el proceso por el contrato para la Línea de Aducción Planta de Tratamiento de Agua Potable - Ptap Rio Cali (Barrio San Antonio). Según la Contraloría, el valor del anticipo no fue amortizado, se tienen obras inconclusas y el presunto daño patrimonial sería de 14.107 millones de pesos. Entre los implicados están el Gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de Emcali y a las empresas contratistas. En consecuencia, se embargaron 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles.

El tercer proceso de responsabilidad fiscal tiene que ver con la atención integral de las actividades derivadas de la atención de servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes, en donde se encontró una subcontratación sin el aval de Emcali, y se habría generado un presunto daño patrimonial por 2.418 millones de pesos.

“La Contraloría puede proceder aun sin tener la evidencia que un recurso se haya perdido; sin las pruebas de que exista un detrimento patrimonial; y frente a sospechas, adelantar un embargo preventivo. Pero es desafortunado que lo adelante frente a una delegación adelantada por el alcalde de Cali”, señaló el alcalde frente al proceso de las cámaras de vigilancia, en una entrevista para Caracol Radio.

Adicionalmente, la Procuraduría le abrió al alcalde Jorge Iván Ospina una indagatoria por una presunta falta disciplinaria debido a la firma de múltiples contratos de las secretarías del Deporte y la Recreación, de Vivienda Social y Hábitat, así como con el Departamento Administrativo de la Gestión del Medioambiente (DAGMA) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con Cristian Moreno Herrera, quien al parecer tendría un parentesco de cuarto grado de consanguinidad con el mandatario de los caleños.

Todos estos contratos, que se firmaron entre 2020 y 2022, sumarían alrededor de 63.000 millones de pesos. El señalado familiar del alcalde aparecería en algunos como persona natural, en otros como consorcio o miembro de los consorcios y uniones temporales o incluso como representante legal.

Por ello, la Procuraduría le pidió a la registraduría verificar la relación entre Jorge Iván Ospina y Moreno Herrera y además empezó a verificar los contratos firmados.