El pasado 28 de marzo, nueve militares perdieron la vida en manos del grupo armado ilegal del Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Las investigaciones mostraron que el asesinato de los soldados se dio mientras estos se encontraban durmiendo en una base militar del Catatumbo, Norte de Santander, y fueron atacados con artefactos explosivos y ráfagas de fusil, las víctimas fueron siete jóvenes que se encontraban prestando el servicio militar obligatorio (Kevin Acevedo Osorio; Hercel Fernández Bonivento; Johan Gómez Gelvez; José David Pushaina Epiayu; Fabio Epiayu Ipuana; Rafael Jiménez y Jaime Manuel Redondo Uriana) y dos suboficiales (Brayan Gómez Gamboa y Juan Benavides Bohórquez).
Luego de que se dieran a conocer los hechos, el ELN aseguró que eso fue una respuesta a la militarización de la zona y que el responsable del hecho es el mismo Gobierno nacional, pues, sería responsable, supuestamente, de varios asuntos de violencia y violación de derechos humanos de la zona.
“(...) es en respuesta a la militarización en la región, los atropellos de la fuerza pública contra la población civil, asesinatos de líderes y lideresas sociales, Defensores de Derechos Humanos y contra la alianza que mantiene con grupos del narcoparamilitarismo auspiciado por el Estado Colombiano”, escribió el grupo guerrillero en su comunicado donde busca justificar la violación del Derecho Internacional Humanitario.
Ante el panorama de incertidumbre que se ha planteado, debido a que los representantes del Gobierno señalaron que solo se hablará de un posible cese de hostilidades en el tercer ciclo con la guerrilla que se llevará a cabo en Cuba, este 2 de abril, madres y familiares de los jóvenes que se encuentran prestando servicio militar en la zona donde ocurrió el crimen en contra de los uniformados, pidieron a la administración de Gustavo Petro que los traslade, pues algunos de sus hijos les han comentado que hay varias amenazas en su contra.
La petición la hicieron los padres y madres de familia mediante una entrevista que le brindaron a RCN Radio, en sus declaraciones Carlos Rojas, padre de uno de los soldados que está en la zona, señaló que tienen pruebas de que la vida de sus hijos corre peligro.
Asimismo, Johana Cáceres, madre de otro soldado que se encuentra en la zona, señaló que su hijo le comentó que estarían planeando enviarlo a la misma zona donde fueron atacados los uniformados el pasado mes de marzo y que la situación es difícil, pues incluso, en la institución ni siquiera los están alimentando bien y que del temor que sienten no han podido conciliar el sueño:
Ante el hecho, el Gobierno nacional condenó el actuar del grupo armado ilegal y tras una reunión de todos los representantes señalaron que la mesa de negociación no se levantará debido a que consideran que es una oportunidad para lograr el desarme de la guerrilla y la consolidación de la paz en el país.
“Aquí es innecesario el uso de la fuerza, la destrucción y el derramamiento de sangre de soldados, militares, policías, campesinos, afros, indígenas o cualquier habitante. Es inútil. Esto es una posición ética y desde la ética es que hemos apelado al ELN para que obre en consonancia con el derecho internacional humanitario, que argumenta que es parte de su plataforma en el ejercicio de la lucha armada, pues si es así entonces que obren en coherencia”, dijo hace unos días Danilo Rueda, alto comisionado para la paz.
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