El viernes 31 de marzo se conoció que la Procuraduría General de la Nación envió un concepto a la Corte Constitucional en el que pide que declare “inexequible” la Ley de 2272 de 2022, que le dio vida a la Paz Total presentada por el Gobierno de Gustavo Petro.
El documento, de 13 páginas, fue enviado y firmado por la procuradora general Margarita Cabello.
Hay que destacar que la Ley 2272 tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado.
La idea del Gobierno nacional es promover respuestas centradas en las personas y las comunidades, de carácter exhaustivo y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención, y que refuercen su protección, en especial, las víctimas de la violencia. Asimismo, busca reconocer la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de seguridad humana.
Sin embargo, el Ministerio Público consideró que las disposiciones de la Ley de Paz Total son inconstitucionales “por violación del principio de consecutividad, así como que la regulación que permite a los disidentes de procesos de paz negociar nuevamente con el Gobierno nacional y obtener beneficios sin limitaciones, es contraria a los mandatos superiores”, puntualizó la Procuraduría en sus consideraciones.
En otra de sus quejas el órgano de control, en cabeza de Margarita Cabello, agregó que existen vicios de formas en la ley que no fueron discutidos ni aprobados en las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Congreso de la República.
Y a renglón seguido se agregó:
Para la Procuraduría General es clave aclarar tres puntos de la Ley de Paz Total:
1) La necesidad de definir las estructuras de crimen organizado y los mecanismos para su sometimiento a la justicia.
2) La prórroga del artículo 8 de la ley 1421 de 2010 que regula el tributo para la financiación de los fondos territoriales de seguridad.
3) El enfoque ambiental como uno de los ejes transversales de los acuerdos de paz.
Por último, la procuradora general sentenció que se necesitan reglas claras en cuanto a la implementación de la ley, presentada en noviembre de 2022.
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