El 28 de marzo se cumplió un año del asesinato de once personas en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguizamo, Putumayo, en una operación que el entonces gobierno Iván Duque calificó como legítima, pero que la comunidad y organizaciones de derechos humanos denunciaron que en realidad fue un ‘falso positivo’ del Estado.
Al reportar la operación militar, el entonces comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, aseguró que se trató de una intervención planeada por más de 15 días, dentro del respeto a todos los protocolos del uso de fuerza, y que además tenía un blanco identificado, que eran los líderes de la estructura 48 de la Segunda Marquetalia alias Bruno y Managua.
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En el marco de la conmemoración de aquella masacre, congresistas de Estados Unidos le enviaron una carta al Secretario de Estado, Antony Blinken, ante la falta de respuesta del Estado colombiano para esclarecer lo sucedido en Alto Remanso.
Para los firmantes de la carta, la actitud de los oficiales militares, de intentar manipular la escena del crimen poniéndole ropa y armas a las víctimas, “configuraron el mismo modus operandi del escándalo ‘falsos positivos’ en Colombia”.
Los congresistas del país norteamericano hicieron referencia a una entrevista publicada en Semana el 14 de septiembre de 2021 al brigadier general del Ejército de Colombia Juan Carlos Correa Consuegra, que dijo:
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Ante dicha afirmación, Mark Pocan, Jim McGovern, Joaquín Castro, Barbara Lee, Sydney Kamlager, Raúl Grijalva, Ilhan Omar y Juan Vargas, los congresistas firmantes del documento, le realizaron una serie de preguntas al Secretario de Estado, Antony Blinken.
En un primer punto, le solicitaron responder cuál es la relación entre los militares de los EE. UU. y el 3 Batallón Contra-narcóticos y qué apoyo han recibido estas unidades militares desde el 28 de marzo del 2022.
Además, le solicitaron aclarar cuál es la evaluación del Departamento de Estado sobre si estas unidades militares cometieron graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la vereda Alto Remanso. Concluyeron su comunicado con otro interrogante: ¿Ha tomado el Gobierno de Colombia medidas eficaces para llevar ante la justicia los responsables miembros de la fuerza pública en el caso de Alto Remanso?
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Sobre las responsabilidades del Ejército Nacional en la masacre, la Procuraduría General procedió a investigar a seis generales que pueden estar comprometidos en los hechos que pusieron en duda el actuar de la fuerza pública.
De acuerdo con el Ministerio Público, en los hechos del 28 de marzo de 2022, pudo verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares, por lo que la actuación disciplinaria fue remitida de la Delegada para los Derechos Humanos, a la Sala Disciplinaria de Instrucción, entre cuyas competencias está la de investigar oficiales militares con rango de generales de la República.
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