El Plan de Desarrollo busca desviar la vigilancia de los dineros públicos en contratos, alertó la procuradora: esta fue la respuesta de Gustavo Petro

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, emprendió contra la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro que empezó su discusión en el Congreso de la República. Según ella, uno de los apartes del Plan Nacional de Desarrollo (PND) representa un riesgo para la transparencia de la contratación y de los recursos públicos.

El PND “Colombia, potencia mundial de la vida”, crea todo un sistema para fortalecer la economía popular y comunitaria hasta el punto de permitir a las entidades estatales firmar contratos hasta por mínima cuantía, bajo la figura de asociaciones Público Populares, para ejecutar obras, adquirir bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias, caminos vecinales, cultura, proyectos de eficiencia energética, producción de alimentos, saneamiento, entre otros.

El proyecto que ya pasó el primer debate en el Congreso de la República sostiene que la Agencia Nacional de Contratación Pública deberá establecer los lineamientos para la contratación con las economías populares y comunitarias, las condiciones, sin exigir el RUP.

Para la procuradora Cabello, esa figura de contratación es una de las dos perlas que se presentan en el PND porque, según dijo, no se definen las reglas específicas bajo las cuales operarán y se darían de manera directa, que ponen en entredicho la transparencia.

“El proyecto autoriza a las autoridades estatales para que puedan celebrar directamente contratos con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro, que hagan parte de lo que se denomina la economía popular y comunitaria, a través de unas asociaciones público-populares en donde no tendrían que tener reglas específicas y normativas que van a garantizar la transparencia en la contratación”, alertó la jefe del Ministerio Público.

Para Cabello, esa nueva forma de contratación sería una forma de desviar la vigilancia de los entes de control a la ejecución de los recursos, que cobra especial relevancia en un contexto de elecciones regionales porque se podrían desviar recursos con fines políticos.

“Imaginémonos la idea de contratar temas de vivienda rural o vías terciarias o caminos vecinales a través de estas organizaciones público-populares. Es una manera de desviar la vigilancia y la regulación de muchos dineros públicos a través de estas asociaciones”, alertó la Procuradora.

Según Cabello, no hay certeza respecto a los requisitos que deberán cumplir las asociaciones para contratar o cómo se podrá certificar la capacidad técnica de esas organizaciones para satisfacer los requerimientos. “Modifican una serie de fondos que en el fondo van a terminar permitiendo la contratación directa y a dedo y entonces ese tipo de contrataciones dentro de un año electoral podrían generar suspicacia en el ciudadano común frente al concepto de transparencia electoral”, alertó Cabello.

El presidente Petro respondió a las críticas de la jefe del Ministerio Público. El mandatario señaló que Cabello critica, no su PND, sino la tesis de la economista Mariana Mazzucato “sobre la importancia de la contratación pública con acciones comunales y populares”.

“Esta es la forma de democratizar la economía. ¿No se han cansado acaso se engordar grandes carteles de la contratación? La vías terciarias, las del campesinado, en vez de ser contratadas con oscuras empresas, serán contratadas con el campesinado mismo de la región, así no se robarán la plata y se dará mucho empleo en el lugar”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Petro, como la economista ítalo-estadounidense, considera que fortalecer la economía popular permite combatir la informalidad y por eso ha planteado abrirle posibilidades para crédito o contratación con las entidades públicas, que quedó establecida en el PND. “Queremos redistribuir, no que mega contratistas lo concentren todo”, señaló el senador Wilson Arias durante el debate del proyecto en el Congreso.