El expresidente de la extinta EPS Cafesalud Guillermo Grosso fue declarado culpable por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. La decisión la tomó el Juzgado 25 Penal de Conocimiento de Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que acusó formalmente a Guillermo Grosso, el expresidente de Cafesalud habría entregado dos contratos por un valor de 52.600 millones de pesos a un conocido a quien con anterioridad le había propuesto crear y poner en funcionamiento una Institución Prestadora de Salud (IPS) con el propósito de atender 70.000 pacientes en las localidades de Engativá y Suba, en Bogotá.
Según el ente investigador, uno de los contratos se firmó en febrero de 2016 y ascendió a 28.229 millones. El otro se suscribió pocos días después por algo más de 24.400 millones de pesos.
Los resultados de la investigación, de acuerdo a la fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, arrojaron que por esa posible intervención, Guillermo Grosso habría acordado recibir entre 40 y 50 millones de pesos mensuales y un total de 664 millones de pesos en efectivo, entre mayo de 2016 y junio de 2017.
Por tal motivo, la institución había solicitado una condena de 78 meses de prisión, es decir, seis años y cinco meses, pero la defensa de Grosso argumentó que su defendido era apto para prisión domiciliaria o casa por cárcel, ya que cumplió cuatro años privado de la libertad.
Durante la audiencia en la que se declaró culpable a Guillermo Grosso, que se realizó el martes 21 de marzo, el juez determinó que el procesado, junto a sus socios Jhon Alexander Colmenares y Javier Peña, también sobornaron a la exsuperintendente delegada para la vigilancia Eva Katherine Carrascal, para que fueran beneficiados.
Aunque todavía no se sabe cuál será la pena que deba cumplir el expresidente de Cafesalud, desde su entorno se pedirá que cumpla con la misma desde su lugar de residencia. Sus abogados argumentaron que el hoy culpable es padre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad. Además, que en la actualidad, Guillermo Grosso vive con su mamá, pues la casa que era el único bien de su propiedad se lo quitaron en medio del proceso.
En otra de las investigaciones que hay en su contra, el ente investigador señaló que el expresidente de la extinta EPS acordaba dádivas del 10% por cada contrato que se adjudicaba para la atención de los pacientes. Los hechos habrían ocurrido hace aproximadamente siete años.
Así las cosas, se determinó que por estas actuaciones, que terminaron favoreciendo a los contratistas, Guillermo Grosso habría recibido 2.496 millones de pesos. Los pagos, supuestamente, se hicieron en efectivo y a través de una tercera empresa de servicios de salud.
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