Corte Suprema de Justicia confirmó condena contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por desaparecidos del Palacio de Justicia

Según el alto tribunal, el coronel y otros miembros del Ejército Nacional serían los coautores de la desaparición forzada de varios sobrevivientes

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 años de prisión en contra del coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, el entonces capitán Óscar William Vásquez Rodríguez y tres exintegrantes del B-2 del Ejército Nacional como los coautores de la desaparición forzada de varios sobrevivientes de la toma y retoma del Palacio de Justicia. . EFE/ Carlos Ortega
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 años de prisión en contra del coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, el entonces capitán Óscar William Vásquez Rodríguez y tres exintegrantes del B-2 del Ejército Nacional como los coautores de la desaparición forzada de varios sobrevivientes de la toma y retoma del Palacio de Justicia. . EFE/ Carlos Ortega
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Con el paso de los años los hechos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia se van conociendo, y es que en la tarde del 16 de marzo de 2023 la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en contra de varios miembros del Ejército Nacional por la desaparición forzada de varios sobrevivientes de la toma.

De acuerdo con los información que entregó la Corte Suprema, se confirmó la condena de 40 años de prisión en contra del coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, el entonces capitán Óscar William Vásquez Rodríguez y tres exintegrantes del B-2 del Ejército Nacional como los coautores de la desaparición forzada de varios sobrevivientes de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

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En la providencia que fue adoptada por la Sala de Casación Penal se dejó en firme la sanción contra Sánchez Rubiano y Vásquez Rodríguez; como también se ratificó la sentencia contra los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña.

La decisión se registró porque dichos miembros del Ejército serían los responsables particulares en las desapariciones del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera; el mesero Bernardo Beltrán Hernández y la señalada guerrillera Irma Franco Pineda.

De acuerdo con la Corte Suprema, Rodríguez, Beltrán y Franco fueron catalogados como insurgentes o colaboradores, por lo que la desaparición forzada se preparó desde que fueron retenidos por las autoridades.

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“La desaparición forzada de los que fueron catalogados como insurgentes o colaboradores de estos, como aconteció con Irma Franco Pineda, Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán, se gestó desde el momento mismo en que los mandos superiores de la autoridad castrense dispusieron la retención de los sospechosos, de inmediato sustraídos del conocimiento público o de sus familiares, pues, no se les registró como ingresados y después de abandonar la Casa del Florero, bajo la férula de disposición y dominio de las Fuerzas Militares, jamás retornaron ni se supo su suerte”.

La Corte Suprema de Justicia también confirmó que el puesto de mando instalado en la Casa del Florero estuvo bajo las órdenes de los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña, que omitieron realizar el registro de las víctimas, por lo que nunca se conoció el paso de las tres personas por el primer piso de la edificación, lo que, según el pronunciamiento de la Corte, fue esencial para la desaparición forzada de Rodríguez, Beltrán y Franco.

“El puesto de mando instalado allí, advierte la corte, estuvo bajo el control operacional de la Unidad B-2 de la Brigada XIII del Ejército Nacional, integrada por los (tres sargentos) implicados, quienes, con apoyo en su amplio conocimiento de información relacionada con la insurgencia, participaron en la elaboración de los correspondientes listados, como resultado del estudio de selección de los rehenes, en los que se omitió consignar información alguna que pudiera develar el paso de las víctimas por el primer piso de esa edificación; intervención que, sin lugar a equívocos, se constituyó en esencial para la consumación del delito de desaparición forzada”.

En el documento, la Corte Suprema también confirmó que Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández salieron con vida del Palacio de Justicia, y que su desaparición se planeó desde el momento en que se implementó el operativo para retomar del Palacio.

“Se demostró que la desaparición de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández fue forjada desde el momento en que se implementó el operativo de retoma del Palacio de Justicia, en el marco de los lineamientos de reacción de la Fuerza Pública, que, para situaciones de conflicto interno, como aconteció con el asalto a la sede judicial por el grupo de insurgentes, se encontraban consignados en el Plan Tricolor 83, hoja de ruta de la que dieron cuenta, entre otros, el General Rafael Samudio Molina, Comandante del Ejército Nacional, así como el primero y segundo al mando de la Brigada XIII, el General Jesús Armando Arias Cabrales y el Coronel Luis Carlos Sadovnik Sánchez, respectivamente”.

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