Nuevos resultados arrojan los procesos de investigación adelantados por el paro nacional en mayo del año 2021, en el que fotografías y vídeos compartidos en redes sociales despertaron las alarmas por posibles casos de civiles armados que estaban enfrentándose a los manifestantes durante la jornada que se vivió en ese momento.
Fue así que en las últimas horas Caracol Radio reveló las interceptaciones telefónicas a Eduardo Molina Berrío, quien sería uno de los miembros de una supuesta red de tráfico de armas en el interior del Ejército Nacional, lo que podría confirmar que en el marco de enfrentamientos se crearon grupos de civiles armados con el fin disipar el paro del 2021 en Cali durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.
Así lo revelaron en su cuenta de Twitter donde señalaron:
Los hechos, en específico, a lo que hace referencia las interceptaciones telefónicas, corresponden a los enfrentamientos del día 28 de mayo de 2021 en el barrio Ciudad Jardín de Cali.
Las interceptaciones también se realizaron a Eduardo Molina Obando, hijo de Molina y quien sería socio de Johnny Moreno, sargento retirado y quien sería, presuntamente, la persona que estaba a cargo de la compra de municiones y granadas a la Tercera Brigada del Ejército Nacional en Cali, las cuales eran robadas.
El medio señaló que además de las interceptaciones, también se suman los expedientes que se tienen de Eduardo Molina Berrio y Eduardo Molina Obando, donde además, el padre tiene una anotación judicial por homicidio, hecho que había sucedido en el año 2015.
En las comunicaciones que sostienen, según reveló el medio, utilizarían el término “comida” para referirse a municiones y armas. Allí, Eduardo, padre, tendría una reunión con un hombre desconocido a quien le comprarían las municiones. Posteriormente, su hijo también estaría adelantando tareas en contra de los manifestantes, donde incluso habrían pedido “material” para un grupo de civiles armados.
Más tarde, padre e hijo se comunicarían y habrían concretado la entrega de armas, la cual ascendería a una cifra cercana a los 28 millones de pesos en la tarde del 9 de mayo. También se conoció que, en comunicaciones el 28 de mayo, Eduardo Molina Berrío habría confesado a un miembro de la Policía de Cali que sería el responsable de disparar en contra de manifestantes.
Tanto Eduardo Molina Berrío, como Eduardo Molina Obando fueron capturados recientemente por tráfico de municiones en el Ejército Nacional, presuntamente para disidencias de las Farc en Nariño entre los años 2019 y 2021.
Las denuncias en redes sociales
Frente al caso del paro, se anunciaba desde el perfil de la organización estudiantil y juvenil de la Universidad del Valle: “Envían a alianza informativa de medios alternativos de #CALI evidencia de civiles armados y policías el día 28 de mayo de 2021 en ciudad jardín, se ve como disparan con armas de fuego. Este día fueron asesinados más de 13 personas en la ciudad”.
En el hilo que le siguió a la publicación se añadía la petición de la comunidad para que las autoridades y también la ciudadanía intentara reconocer a cada uno de los agentes civiles armados y que, de esta manera, la primera línea jurídica establecida, pudiera iniciar el proceso de instauración de denuncias respectivas. Allí se identificó a Andrés Escobar, quien se convertiría en el único reconocido e imputado por la Fiscalía, ante quien declaró que utilizaba armas traumáticas.
“Exigimos que las autoridades se pronuncien sobre estos hechos que traen a colación una alianza cívico/militar al estilo del paramilitarismo”.
Cabe recordar que durante ese momento, tanto la Justicia Penal Militar como la Policial, abrieron procesos de investigación contra siete uniformados por haber estado vinculados al delito de prevaricato por omisión, ante lo cual la Procuraduría General de la Nación estaría al frente de las indagaciones.
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