A través de un comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación el 2 de marzo de 2023, se solicitó adoptar las acciones pertinentes ordenadas por el Consejo de Estado con el objetivo de que se cumpla el fallo en el que se establecería la finalización del contrato de arrendamiento con el icónico restaurante Café del Mar.
La solicitud hecha por la Procuraduría ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, estaba dirigida a Rafael Cuesta Castro, director general de la Escuela Taller Cartagena de Indias - Etcar. En ella, se pedía que se adelantaran las acciones necesarias para finalizar el contrato activo sobre el baluarte Santo Domingo, espacio en el que opera el establecimiento Café del Mar.
En su cuenta de Twitter señaló lo siguiente: “La @PGN_COL pidió al director de la @EscuelaTallerCT, cumplir fallo del @consejodeestado, y proteger el patrimonio cultural de la Nación. Se debe dar por finalizado el contrato de arrendamiento con Café del Mar”.
Cabe recordar que el establecimiento, que ha estado operando en el Baluarte Santo Domingo, se encuentra ubicado en las tradicionales murallas de la ciudad de Cartagena, uno de los focos turísticos más importantes de la ciudad. Sin embargo, el restaurante tendrá que dejar el lugar por una demanda colectiva de un ciudadano que defendía la vulneración de derechos colectivos de la ciudad.
De acuerdo con el comunicado, la solicitud se hizo con base en la “la vulneración de derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”.
El Ministerio Público recordó que el fallo había modificado la sentencia de agosto del año 2019 que fue proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el cual se ordenaba a la autoridad correspondiente: “terminación y liquidación de todo tipo de negocio jurídico sobre el bien público y patrimonio cultural de la Nación, de conformidad a las normas legales”.
De hecho, el documento señaló que se le insistió al director de la escuela taller en relación con el “deber legal de proteger el patrimonio cultural de la Nación”, así como también en el cumplir y generar que se cumplan las decisiones judiciales, donde “sobre el particular, la corporación judicial otorgó el término de seis meses para dar observancia a lo ordenado en la providencia”.
Antecedentes de la tutela y el fallo emitido en 2022
En noviembre de 2022 se habría emitido un fallo en el que se determinaba el cierre del establecimiento comercial, Baluarte Santo Domingo, el cual funcionaba en la ciudad amurallada. Así fue anunciado por el Consejo de Estado que anunció la orden de:
“... la terminación y liquidación, en el estado en que se encuentre, del contrato de arrendamiento sobre el Baluarte de Santo Domingo, así como de cualquiera de la misma tipología que recaiga sobre dicho inmueble, dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia”.
Además de esto, la Etcar también habría recibido la orden de realizar estudios a través de los cuales se pudiera determinar a quién se le trasladaría el uso y manejo del espacio.
Rafael Cuesta dice que no se trataría de un contrato de arrendamiento, sino de aprovechamiento económico
En conversación con Blu Radio, el director de Escuela Taller Cartagena de Indias explicó cuáles son las razones por las que se habría tomado la decisión de desalojar el restaurante. Mencionó que el contrato de arrendamiento funciona desde el año 2012, momento desde el cual ocupa el espacio.
Añadió que inicialmente se hacía un pago de $5 millones de pesos más IVA. Sin embargo, a la fecha, el contrato estaría fijado por $10.855.000 más IVA. También agregó que:
“Efectivamente, nos estuvieron enviando varias solicitudes para ajustar el canon de arriendo, pero es importante decir que no podemos firmar un contrato de arrendamiento nuevo llegando solo a un acuerdo, teníamos que hacer unos avalúos de estos baluartes y ya tenemos unos valores más ajustados a la realidad. No sería un contrato de arrendamiento, sino de aprovechamiento económico permanente”.
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