El 22 de febrero de 2023, la Procuraduría General de la Nación, durante la sesión técnica de la mesa de concertación con las comunidades indígenas, pueblos Rrom, afrocolombianos, raizales, palenqueros y negros, requirió a las autoridades del Departamento Nacional de Planeación (DNP) cumplir con los acuerdos a los que se llegaron a lo largo de la jornada.
En primer lugar, el organismo de control vigilará el cumplimiento de los convenios realizados con el pueblo gitano (Rrom) como la conmemoración internacional de su existencia el 8 de abril, realizar encuentros culturales de intercambio y transmisión de saberes, acceso al mercado laboral, formación de competencias laborales, la identificación de oficios tradicionales, entre otras decisiones.
Así mismo, el Ministerio Público verificará que las comunidades indígenas formulen e implementen una política pública integral para la mujer, la familia y la generación; la expedición del instrumento normativo para la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Jóvenes, un plan de acción sobre el cuidado del bienestar mental y las desarmonías espirituales para la atención, la prevención del suicidio, consumo de SPA, todo tipo de violencias, explotación sexual, estado de mendicidad y muchos otros acuerdos.
Con los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros del país se acordó la implementación de acciones en sus territorios colectivos por un valor de 4,4 billones de pesos.
Acuerdos con estas comunidades en el PND
Cabe resaltar que desde el 25 de enero hasta el 7 de febrero de 2023 se dio paso a las mesas de concertación con los pueblos étnicos, con el fin de que estas poblaciones que también han sido víctimas del conflicto armado puedan ser reparadas e indemnizadas.
La participación de los pueblos étnicos fue fundamental en las mesas de concertación para consolidar acuerdos que posteriormente fueron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Mediante el diálogo con el Gobierno nacional se establecieron metas e indicadores que buscan dar garantía a los derechos de pueblos indígenas, Rrom, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.
De este modo se acordó la indemnización individual y colectiva de víctimas pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Asimismo, se buscó avanzar en los planes integrales de reparación colectiva y su implementación.
Por otra parte, se acordó la reparación integral y colectiva del pueblo indígena Nukak, población vulnerada, despojada y lastimada en sus territorios por el conflicto armado, sufriendo en gran medida la desigualdad social.
Además se establecieron dos acuerdos relacionados con la garantía de los derechos a la reparación colectiva, retornos y reubicaciones de los pueblos indígenas, seguidamente la formulación y ejecución de manera concertada del plan de implementación efectiva y acelerada del decreto ley 4633 de 2011 con los pueblos y organizaciones indígenas que, por consiguiente, incluirá la reglamentación del decreto ley indígena.
Para el pueblo Rrom se lograron cuatro acuerdos en la Comisión Nacional de Diálogo, con el que se busca dar cumplimiento al compromiso que existe con las casas culturales de las dos organizaciones, Pro Rrom y Unión Romaní, y las nueve Kumpañy. De igual forma, garantizar y priorizar con enfoque diferencial étnico Rrom el derecho a la indemnización individual y colectiva, además de garantizar una participación y representación de dicho pueblo en los espacios de participación de víctimas en el marco del decreto 4634 de 2011.
Lograr que el pueblo Rrom sea reconocido e incluido con enfoque diferencial es el reto que se ha planteado el gobierno nacional, de la misma manera, trabajar para subsanar esa deuda que existe con él.
No hay que olvidar que estos acuerdos se lograron gracias a la participación activa de los diferentes pueblos étnicos, dispuestos a trabajar junto a la Unidad para las Víctimas y el Gobierno nacional en la construcción de la ‘paz total’.
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