En Bogotá se sancionó el decreto que busca establecer nuevas bases de reglamentación en relación con el manejo y uso de los espacios públicos que tiene la ciudad. Es una de las primeras implementaciones determinadas en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, el cual fue presentado por la alcaldesa Claudia López hace cerca de un año.
La reglamentación se constituye en el decreto 072 de febrero de 2023 y es liderado por el Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público - Dadep, bajo la dirección de Alejandra Rodríguez. Cabe recordar que se plantea, siguiendo el POT, en un lapso de tiempo de 2022 al 2035.
El decreto consta de 13 capítulos en los cuales el objetivo principal es agilizar los trámites en relación con la gestión, incorporación, titulación y recepción de bienes, así como también se propone incrementar las capacidades del Distrito para generar espacio público en la capital.
Es importante mencionar que, la normativa que funciona actualmente, se refiere al espacio público como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los bienes privados, destinados por su naturaleza a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes”.
En este sentido, según indició la directora, uno de los aspectos más importantes del decreto son declarar el espacio público en obras públicas, mejorar los procesos y generar una articulación con la norma nacional para implementar las directrices.
El comunicado emitido por la Alcaldía de Bogotá, señala:
“El Decreto 072 también reglamentó la ‘declaratoria de espacio público’ un mecanismo de la norma nacional que desde ahora permitirá reconocer urbanísticamente esos entornos que no hacen parte de un plano, pero que por su uso notorio han sido apropiados por las personas como vías, parques, plazoletas u otros escenarios”.
Algunos elementos clave
La normativa reglamenta las zonas de cesión obligatorias y gratuitas a la ciudad, incluyendo las compensaciones en algunos casos por el costo de los desarrollos urbanísticos en calidad de espacio de uso colectivo. En este punto considera las zonas verdes, las vías de la ciudad, entre otros, que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo inmobiliario.
En cuanto a las obras públicas, señala que las entidades responsables deben presentar a la Secretaría de Planeación un plan en el que se establezcan las delimitaciones de la zona que se cederá como espacio público. También debe ceñirse a los lineamientos en proyectos que involucren zonas verdes a partir de compensaciones ambientales.
La normativa empezará a funcionar para proyectos de la Alcaldía de Bogotá, la troncal de Transmilenio por la avenida 68, las líneas del Metro de Bogotá, el cable aéreo de San Cristóbal, el corredor de la carrera Séptima, entre otros.
Sobre los objetivos de la nueva reglamentación
De acuerdo con la directora, los nuevos lineamientos en materia de espacio público también van a permitir cumple las obras sobre las cuales está operando la administración de la ciudad y que involucran la infraestructura de la capital.
Añade también que la reglamentación será fundamental para lograr resolver procesos de definición de espacio público que llevan en conflicto más de 10 años en la ciudad, además también sería clave para integrar a la ciudad en los grandes proyectos de infraestructura.
Cómo se pondrá en marcha
Tendrá competencias la Secretaría de Planeación con el fin de recibir la aprobación de los planes de entrega de espacio público. Este proceso se realizará en un rango de tiempo de 30 días con opción de prórroga. El proyecto también contó con la instalación de un Comité de Seguimiento, el cual está conformado por el Dadep, seguido de otras entidades del Distrito.
A partir de este Comité, se establecerán las fórmulas de compensación en casos cuyas cargas sean desproporcionadas por parte de empresas o personas que den inicio a proyectos inmobiliarios en la capital.
Cabe mencionar que el decreto añade nuevos elementos para la declaratoria del espacio público. En especial, determina el procedimiento que se debe realizar para la expropiación de terrenos que se encuentren ocupados de manera irregular. En estos casos, la condición debe ser justificada a partir de expedientes técnicos y jurídicos.
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