
Formalmente fue acusado el representante Wilmer Carrillo Mendoza por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente haber cometido delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. El alto tribunal ratificó la acusación, por lo que deberá ir a juicio.
La Sala Especial de Instrucción dejó en firme la resolución de acusación en su contra, por hechos que ocurrieron cuando el ahora representante por el departamento de Norte de Santander, fue secretario de Infraestructura del departamento. Con esta decisión, el expediente pasó a la Sala Especial de Primera Instancia que deberá llamarlo a juicio.
Carillo enfrentará un juicio por un contrato de obra pública No. 001442 del año 2010 firmado con la Unión Temporal Arboledas, que firmó y ejecutó como secretario de la Gobernación. El propósito era realizar mejoramiento y mantenimiento de la vía Salazar-Arboledas.
“Basada en las pruebas documentales, técnicas y testimoniales, la acusación señala que se encontraron irregularidades en las fases de trámite, celebración y liquidación de dicho contrato, actividades que estaban bajo la responsabilidad de Carrillo Mendoza, quien había sido delegado por el gobernador de la época. Como delegado, Carrillo Mendoza tenía a su cargo la dirección, control, vigilancia y el seguimiento de todas las fases de la contratación”, sostuvo la Corte.
Para el alto tribunal, se presentó improvisación en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones, a tal punto que se firmó un contrato por algo distinto a lo que realmente necesitaba la comunidad y para cumplir con el mantenimiento de la vía.
La Sala de Instrucción determinó que se “modificó de forma amplia el objeto inicial” del contrato, por lo que Carrillo, como responsable de ese negocio jurídico, habría incumplido su deber de planeación e incurrido en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Pero las irregularidades en ese contrato no paran allí, la Sala señala que se habría violado el principio de transparencia en la selección del contratista. Habría evidencia de que Carrillo, presuntamente, direccionó el proceso licitatorio para que quedara en manos de la Unión Temporal como único proponente y adjudicatario de un contrato inicialmente de $2.650 millones.
“En cuanto al delito de peculado por apropiación, la Sala de Instrucción determinó que, debido a las irregularidades en la etapa precontractual de estudios previos, durante la ejecución del contrato fue necesario modificar las cantidades de obra y excluir algunos ítems que estaban en el presupuesto inicial”, señaló la Corte.
La obra terminó con tramos sin pavimentación de la vía, que habían sido considerados en un inicio, y en cambio solo unas obras de estructuras externas. Además, la Unión Temporal subcontrató otra empresa para ciertas partes del proyecto, por lo que no habría tenido ni siquiera la capacidad para ejecutar el contrato.
Todas estas situaciones generaron detrimento patrimonial, que fue alertado por la Contraloría entre un sinnúmero de irregularidades, como parte de la vigilancia que realizó debido a que se ejecutaron recursos del Invías.
Wilmer Carrillo también tiene una investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia por otro caso de presunta corrupción en obras de Norte de Santander. El alto tribunal abrió el proceso en enero de 2023 por posible delito de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias en el contrato del hospital regional de Ábrego, entre 2016 y 2017.
El congresista fue secretario de Infraestructura de 2008 a 2011 en la Gobernación del departamento y en ese periodo fue gobernador encargado en varias ocasiones. Desde el 2014 ha sido representante a la Cámara por Norte de Santander, y ha dirigido en dos ocasiones la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de 2020 a 2021 y en el actual periodo de 2022 a 2023.
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