Estas son las pruebas que motivaron la detención de la exfiscal Ana Catalina Noguera

En la mañana del lunes 13 de febrero, la Fiscalía General de la Nación informó de la captura de Ana Catalina Noguera Toro, exdirectora especializada de Extinción del Derecho de Dominio durante administración del expresidente del país, Iván Duque. La también exdelegada contra las Finanzas Criminales, durante el 2020, es acusada de tener nexos con el excapo del cartel de Medellín, Carlos Ramón Zapata y de cometer irregularidades mientras estuvo en la Fiscalía. Esto es lo que hay detrás de su caso.

“Por estas actuaciones irregulares están siendo procesados un funcionario activo de la Policía Nacional, el coronel Ricardo Alberto Durán, que pertenecía al grupo Inter agencial del SIU, y dos exfuncionarios del mismo lugar, el patrullero Anderson Jesús Alva Contreras y el intendente Jhon Fredy Redondo Bautista. Además de Carlos Ramón Zapata, conocido con el alias de El Médico y quien enfrentó investigaciones por narcotráfico”, mencionó la Fiscalía en un comunicado dirigido a la opinión pública.

El caso de Noguera empezó a ser evidente desde el año 2021. La mujer fue capturada en su casa, en el norte de Bogotá, por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales. Su detención se dio tan solo días después de la captura del coronel de la Policía Ricardo Durán, también involucrado en el caso.

El uniformado, por su parte, es acusado de haber interceptado, de manera ilegal, la línea telefónica de una persona allegada a la expareja de Noguera. Aquel registro, de hecho, fue encontrado en el celular del excapo Carlos Ramón Zapata.

A esto se suma que Noguera estaría involucrada también en lo que respecta a la investigación que se adelanta por el caso de extorsión que ronda a Zapata, a quien se le acusa de exigir grandes sumas de dinero a capos y excapos para interceder en sus procesos de extradición y evitar que los llevaran a los Estados Unidos.

En una entrevista con el diario El Tiempo, una fuente conocedora del caso expuso que: “Ramón Zapata llegaba a reuniones con la mafia llevando información que el grupo interagencial SIU de la DEA tenían contra capos. Al parecer, el coronel Durán y otros dos uniformados se la suministraban. También llevaba datos de expedientes en la Fiscalía y les pedía plata a los capos para arreglarles los procesos”.

Por este tipo de delitos ya aceptaron su responsabilidad el patrullero Alva Contreras, el intendente Redondo Bautista, y alias El Médico. Noguera, que además es hija del exrector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, será presentada ante un magistrado del Tribunal de Bogotá. Allí será el fiscal Mario Burgos quien le impute sus cargos.

Ana Catalina Noguera fue una de las funcionarias de confianza del entonces fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y su salida de la entidad tuvo varios precedentes: el primero, conocido el 10 de noviembre de 2021, involucró a sus primos Rafael Enrique Noguera Abello y Enrique Rafael Noguera Ramírez, extraditados a Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Un día después, Ana Noguera fue apartada de su cargo como delegada para las Finanzas Criminales, y tiempo después salió definitivamente de la Fiscalía. En abril de 2022 su nombre volvió a sonar por cuenta de varias grabaciones de reuniones privadas entre ella, su padre, Rodrigo Noguera y la fiscal Angélica Monsalve, que denunció presiones para no imputarle cargos a varios miembros de la familia Ríos Velilla, una de las más poderosas de Bogotá.

En dichas conversaciones, reveladas por el periodista Daniel Coronell, se escuchaba a la exdirectora de extinción de dominio de la Fiscalía decir que el caso de los Ríos Velilla también estaba relacionado con lo que se trató de ocultar “en Fiscalía, con lo de Odebrecht y todo eso. Porque todo eso está relacionado. Entonces a él no le conviene porque empiezan a hurgar cosas que no le convienen”, de acuerdo con uno de los audios recogidos por El Espectador.

En su momento, la empresa TransMilenio pidió una investigación contra los dos hermanos pues se habría ocultado ser los contratantes por una posible inhabilidad al ser tíos del entonces concejal de Bogotá, Felipe Ríos Londoño, del partido Cambio Radical. Por otra parte, la empresa Recaudo Bogotá, había ganado la licitación, pero era presentada como una compañía chilena.

En su momento, Javier y Carlos Ríos indicaron en diálogo con W Radio que “accionariamente no participamos en el negocio. Cuando decidieron presentarse a la licitación nos piden que nos acompañen”. Sumado a eso, negaron pertenecer al consorcio Recaudo Bogotá S.A.S, grupo conformado por Citymóvil de Chile y LG de Corea.

Pero una de las pruebas más importantes que tenía la Procuraduría fue un contrato de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad a cargo del Banco Mundial, y que fue firmado entre IFC y Recaudo Bogotá en febrero de 2013, año en el que ya estaba vigente la concesión con TransMilenio.