Desde Yarumal —Antioquia—, el presidente Gustavo Petro hizo un fuerte llamado a los grupos armados ilegales con los que el Gobierno nacional acordó un cese al fuego bilateral desde el 31 de diciembre de 2022.
De paso, advirtió: “grupo que cometa alguna hostilidad contra la población, cualquiera, debe ser perseguido porque dentro del cese al fuego está el cese de hostilidades a la población”. Lo mismo expresó contra los grupos que estén “traqueteando”, los cuales también tienen que ser buscados por las autoridades.
Sobre esto, cuestionó que “¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo? Eso no esa en la posibilidad de la paz”, y reiteró que la fuerza pública no puede detenerse en su ofensiva contra estas actividades. Bajo ese panorama, puntualizó en la necesidad de implementar la ley de sometimiento y anunció que este proyecto será presentado ante el Congreso el miércoles 15 de febrero.
Para Petro, este mecanismo “puede presentar caminos para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino uno de salida pacífica si se quiere”.
“No basta solo con el cese al fuego”: Petro
Durante su intervención, el jefe de Estado dijo que ese mecanismo ya no puede entenderse solamente como la pausa de acciones armadas entre dos o varios ejércitos, sino que se debe comprender teniendo en cuenta las dinámicas actuales del conflicto interno. Basado en eso, enfatizó en que ya no abundan tantos cuerpos militares como en décadas pasadas, sino que existen grupos armados.
También destacó la reducción en la tasa de homicidios contra integrantes de la fuerza pública registrada desde que entró en marcha el cese con cuatro grupos armados ilegales —Estado Mayor Central, Clan del Golfo, Los Pachenca y Segunda Marquetalia—, pero “eso no es suficiente”, pues explicó que mientras bajan las cifras de muerte, suben las de otros delitos como la extorsión y aumentan otras actividades como el narcotráfico y el contrabando.
Expuso que el cese también debe abarcar la interrupción de hostilidades contra la población, incluyendo el fin de masacres, desplazamiento, confinamientos, la instalación de minas antipersona y otras violaciones a los derechos humanos. También dijo que debería contemplarse en ese concepto el fin “de la actividad de los negocios ilícitos”.
El presidente de la República dijo que no hay una certeza real de la voluntad de paz por parte de los actores armados ilegales, lo cual generaría una acumulación de los negocios ilegales. En ese sentido, reafirmó que de llegar a ocurrir esto, no podría concretarse una salida negociada al conflicto, en cambio, habrá una respuesta del Estado contra esas organizaciones.
Aclaró que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, clasificó los grupos armados de acuerdo a su origen, y mientras que hay algunos de corte histórico y político —como el ELN—, hay otros centrados en el narcotráfico. Por ello, afirmó que con ese delito “no se puede negociar el poder” sino que es el poder judicial el que debe ir tras esos actores a través de la ley de sometimiento en caso de ser aprobada.
Desde el municipio antioqueño, el presidente dijo que se debe potenciar la agricultura a fin de que se convierta en una actividad rentable para el campesino, pues si esto no ocurre este “se va o cultiva hoja de coca”.
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