El canciller Álvaro Leyva ideó un plan para no reparar a las víctimas de las Farc, aseguró el exfiscal Néstor Humberto Martínez

El exfiscal Néstor Humberto Martínez le envió una carta al canciller Álvaro Leyva Durán, en la que sostiene que tiene pruebas de un supuesto intento de suyo, cuando fue asesor jurídico en las negociaciones de paz de las Farc, para que los desmovilizados de la guerrilla tuvieran control de los bienes y recursos producto de sus actividades ilícitas y así no reparar a las víctimas.

El documento fue remitido como comunicación oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores y al despacho del canciller, con copia a la procuradora general Margarita Cabello y al embajador encargado de los Estados Unidos, Francisco L. Palmieri. Sería una respuesta a las denuncias que el canciller, según anunció, elevará a instancias internacionales respecto al llamado “entrampamiento a la paz” que rodea la captura con fines de extradición del fallecido guerrillero desmovilizado Jesús Santrich.

”Según su cuenta de twitter, ese Ministerio ha decidido llevar al seno del Consejo de Seguridad lo que insidiosamente llama “entrampamiento” a alias “Jesús Santrich”, por quien usted recientemente manifestó especial devoción y amistad”, dice el inicio de la carta de Martínez Neira.

El exfiscal asegura que está confiado en que sus actuaciones al ordenar la captura en 2018 de Seuxis Pausias Hernández Solarte, como era el nombre de Santrich, por conspirar para enviar cocaína a los Estados Unidos, fueron legales. Sostiene que tanto la justicia nacional como internacional ratificará la operación.

Pero aprovechando que Leyva aseguró elevar las denuncias por omisiones en el proceso de captura del exguerrillero a la ONU, también puestas en conocimiento en el país por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le solicitó llevar una carpeta que asegura haber preparado de lo que califica como un intento para evitar la entrega de bienes por parte de las Farc.

“En la cual se acredita que el actual canciller de Colombia, en el pasado ideó, promovió y patrocinó un esquema para que, de facto, las antiguas FARC conservaran el control de sus activos ilegales, en detrimento de los postulados del Acuerdo de Paz”, dice Martínez.

Según el exfiscal, el 30 de septiembre de 2016 se reunió con Leyva Durán, quien para entonces era el asesor jurídico de las Farc y Martínez Neira el jefe del ente acusador. Faltaba una semana para el plebiscito por la paz y el día anterior, el fiscal general había dado un ultimátum a la guerrilla en desmovilización para entregar un informe de todos los bienes en su posesión producto de la guerra.

Leyva anunció el 29 de septiembre de 2016 que pronto se conocería el inventario de bienes y dinero, pero no antes del plebiscito. Martínez asegura que le entregó una propuesta sobre cómo informar sobre ese aspecto que ascendía a una suma multimillonaria, pero que el único objetivo era “producir un hecho mediático”.

“Su propuesta consistía en que dichos bienes pasaran a una sociedad fiduciaria del Estado para que los administrara y dispusiera de ellos, atendiendo las instrucciones de un Consejo Fiduciario, integrado ‘por cinco representantes, tres de la insurgencia y dos representantes del Estado colombiano’”, señaló Martínez Neira en su carta.

El exfiscal sostiene que el consejo fiduciario propuesto para la administración de los bienes de la ‘economía de la guerra’ contemplaba la presidencia de un representante de los desmovilizados. “De esta manera, los activos producto de actividades delictivas, muchas de ellas crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, entrarían al sector financiero colombiano, sin que sus titulares perdieran su efectivo dominio. Su propuesta habría podido dar lugar al mayor lavado de activos en la historia de la humanidad, por lo cual la rechacé de plano, con el respaldo del gobierno”, sostiene ahora Martínez.

Además, asegura que la propuesta incluía que “sólo el “treinta por ciento de los recursos (30%) serían empleados en la reparación monetaria de las víctimas” y expresamente se permitía que el resto se utilizara en “proyectos productivos que contribuyan al desarrollo integral de los desmovilizados de la guerrilla”, al amparo de su teoría de que en el “derecho de la guerra”, los victimarios tienen derecho al beneficio de un porcentaje del patrimonio ilegal acumulado”.

El exfiscal asegura haberse opuesto a la propuesta presentada por Leyva, que calificó como “necedades” y que considera que posiblemente no fueron de su autoría. Sin embargo, sostiene que tiene documentada la propuesta para elevarla al Consejo de Seguridad de la ONU, “para que este advierta cómo, desde un principio y con su concurso, se idearon toda clase de artimañas para que la guerrilla no reparara a sus víctimas, como en efecto ocurrió”.

Finalmente, el exfiscal le solicitó a Leyva Durán declararse impedido en los relacionados con el caso Santrich, dada la “pública declaración acerca de la existencia de una amistad entrañable” entre el fallecido exguerrillero y el ahora canciller. Además de acusarlo de tener animadversión en su contra y de la Fiscalía.