Militares del Batallón Pantano de Vargas habrían asesinado a unas 139 personas en falsos positivos en el Meta

La Procuraduría delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz rindió documento conocido por W Radio en el que refirió y condensó la alianza criminal entre las Autodefensas (judicialmente probada bajo la comandancia del coronel Alejandro Cabuya) y el batallón Vargas así como los patrones delincuenciales que generaron el homicidio de por lo menos 139 personas, cifra que podría ascender a 167.

De acuerdo con el ministerio público, la mayoría de los homicidios se perpetraron bajo la administración del coronel (r) Alejandro Cabuya, conocido como alias ‘’Eliecer’', supuesto paramilitar, en alianza frontal con las Autodefensas, en las que aunque en ciertos momentos el coronel disminuyó su nivel de responsabilidad, para la Procuraduría, sus subalternos estuvieron al frente de la comisión de los crímenes.

“Héctor Alejandro Cabuya de León en su versión voluntaria aceptó haberse reunido en dos oportunidades con Manuel de Jesús Pirabán, alias “Pirata”, comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, así como reconoció la relación de Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas con Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, jefe de finanzas del Bloque Centauros”, señaló el procurador Jairo Acosta.

Con relación al siguiente comandante, el coronel (r) Néstor Aguirre, el ministerio publico consideró que fue designando la ‘’empresa criminal’' que actuaba bajo el comando Cabuya, por medio de amenazas de los ‘’paras’', recogiendo cuerpos muertos o bajo la modalidad de matar personas engañadas.

Según el escrito de casi 80 páginas, aunque Sanchez Aguirre prohibió cualquier vínculo con paramilitares, permitió y ordenó el magnicidio de personas señaladas de tener vínculos con las guerrillas, admitiendo al menos un caso que involucra a dos víctimas.

“En este hecho, de acuerdo con la misma afirmación del comandante de Batallón, él ordena el asesinato de las dos personas detenidas como una manifestación de ira o de venganza. A pesar de que las víctimas eran campesinas, su vida en el Castillo hizo que se presumiera su pertenencia a las FARC” señala el documento.

Sumado a esto, fue señalado presunto encubrimiento frente al homicidio de unas personas por parte de sus militares en alianza con informantes, que en realidad eran (paramilitares), hecho sobre el que conoció la condición ilegal de esas bajas, pero guardó silencio.

Respecto al último comandante analizado el coronel (r) Jairo Martín Sandoval Moncayo (2005 - 2007), el procurador Acosta señalo que los hombres de Sandoval fueron responsables por al menos 17 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, usando la modalidad de ‘’reclutadores’' tras la extinción de las Autodefensas tal como eran conocidas previamente.

Según los testimonios, se creó un grupo especial dentro del batallón (bajo fundamento de una directriz vigente desde el 2003) que casualmente estuvo relacionada en los asesinatos, siendo encubiertos y alternando información por los jefes de la Sección de Inteligencia de la unidad: José Hover Ortiz Doncel y Javier Augusto Lozano.

Adicionalmente, la Procuraduría solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz llamar a ampliación de versión voluntaria al coronel Sandoval Moncayo, así como al coronel Néstor Sánchez Aguirre para que aclaren circunstancias de diversos hechos que persisten en investigación.

También solicitó escuchar de nuevo al exjefe paramilitar Arlex Arango, alias ‘’Chatarro’' con el fin de que entregue mayor información sobre el homicidio de un hombre acusado de ser comandante de las Autodefensas, y para que relate cómo fueron las relaciones con el Batallón Vargas desde el 2004.

El ministerio concluyó su comunicado, refiriéndose a los vínculos entre el Batallón Vargas y las Autodefensas que iniciaron desde 1998 bajo la comandancia del coronel y actual general Miguel Pérez Guarnizo, quien hasta hace algunos meses se desempeñó como director nacional de la Defensa Civil.

Nombres mencionados dentro del documento de la Procuraduría

Con el conocimiento del escrito entregado a la JEP sobre la responsabilidad del Batallón Vargas en casos de falsos positivos, se requirió ampliar comparecimiento de integrantes militares para aclarar su participación en los hechos.

Ejemplo de ello es el coronel Néstor Sánchez Aguirre, quien ya se presentó ante el mecanismo de justicia transicional colombiano a finales de mayo del 2022 y rindió su versión en casos de homicidios contra civiles que fueron perpetrados por integrantes militares para hacerlos parecer guerrilleros abatidos en combate, casos registrados entre 2004 y 2005 en el Pantano de Vargas del municipio de Granada, Meta, oriente de Colombia.

En el tribunal de Paz se relacionó al comandante con 21 fallecidos entre los que se registró a una menor de edad, los cuales se reportaron como bajas en combate, pero de los que se tiene material probatorio de que fueron ultimados por militares.