
El procedimiento de entrega de los tarjetones de consulta interpartidista para las elecciones del 8 de marzo de 2026 sigue siendo un tema de debate nacional pese a las indicaciones públicas de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Fue el Pacto Histórico la colectividad que habría recibido denuncias sobre irregularidades en las capacitaciones a los jurados de votación.
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Por ello, solicitó de manera directa al registrador Hernán Penagos que ajuste las capacitaciones dirigidas a jurados y autoridades electorales, con el objetivo de que el tarjetón de consulta solo sea entregado a quienes lo soliciten expresamente, y no de manera automática.

En la comunicación enviada el 19 de febrero, el Pacto Histórico expresó que en varias sesiones de capacitación para jurados de votación y otros actores del proceso electoral, se habría promovido la entrega generalizada del tarjetón de consulta junto con los de Senado y Cámara.
Asimismo, la colectividad advirtió que esta práctica podría constituir una forma de inducción al ejercicio de un mecanismo de participación que, desde la perspectiva constitucional y jurisprudencial, es estrictamente voluntario.
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El documento remitido a la Registraduría señala que la Resolución 1542 de 2025 del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque establece criterios para el proceso, no define de manera explícita el procedimiento para la entrega material de la tarjeta electoral de consulta ni menciona la necesidad de solicitud previa por parte del votante.
En este contexto, el Pacto Histórico invocó la jurisprudencia de la Corte Constitucional, citando la Sentencia C-490 de 2011, en la que se establece que la participación en consultas interpartidistas es voluntaria, aunque se reconozca su importancia para la vida interna de los partidos y la representación democrática.
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La colectividad argumentó que entregar el tarjetón sin mediar solicitud expresa del elector puede generar una expectativa implícita de uso, o la percepción de que es obligatorio participar, desnaturalizando así el carácter libre y voluntario de la consulta.
Además, advirtió que estas conductas podrían ubicarse en los límites del código penal, al configurarse como una modalidad de constreñimiento al elector o fraude al sufragante, pues afectan el principio de libertad del sufragio.
El Pacto Histórico sostuvo que los jurados de votación deben limitarse a roles estrictamente neutrales y operativos, sin asumir funciones de promoción de la participación en consultas interpartidistas, ya que dicha promoción corresponde exclusivamente a las agrupaciones políticas que compiten en ellas.
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La colectividad argumentó que si todos los partidos y movimientos políticos participaran en las consultas, como ocurre en la elección para Congreso, la situación sería diferente. Sin embargo, en esta ocasión solo 15 agrupaciones políticas compiten en las consultas interpartidistas, lo que hace aún más relevante la garantía de neutralidad.
Por ello, la solicitud puntual fue que la Registraduría ajuste de manera inmediata el contenido de las capacitaciones y emita una directriz complementaria que unifique el procedimiento en todo el territorio nacional, para evitar interpretaciones diferentes entre los jurados y autoridades electorales. La petición fue clara: la tarjeta electoral de consulta debe ser entregada únicamente cuando el votante la solicite de manera expresa, clara e inequívoca al momento de ejercer su derecho al sufragio.
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El Pacto Histórico no ha sido el único partido en presentar esta inquietud. Cambio Radical, colectividad liderada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también solicitó que la tarjeta de consulta se entregue solo a los ciudadanos que así lo expresen.
En respuesta a la solicitud de Cambio Radical, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció el 29 de enero que los jurados de votación entregarán de manera obligatoria los tarjetones del Senado y la Cámara de Representantes, pero solo informarán sobre la existencia del tarjetón de consulta interpartidista.
Penagos explicó en ese momento que los jurados tienen el deber de explicar a los electores la existencia de una tarjeta adicional para consultas y, solamente si el ciudadano expresa su voluntad de recibirla, procederán a entregarla. Sin embargo, la alerta del Pacto Histórico revelaría que aún no hay información clara en las autoridades electorales.
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