Unidad para la Víctimas busca que las víctimas tengan un papel protagónico en la paz total

Uno de los ejes centrales del Gobierno nacional es la Ley de La Paz Total que sancionó el presidente Gustavo Petro el 4 de noviembre. De acuerdo con el Ejecutivo, la Ley 418 define la política de Estado, “preservando y garantizando la seguridad humana, a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia”.

Tres meses después del anuncio oficial, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, resaltó la importancia del trabajo realizado por la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas “para que sus voces sean escuchadas y tengan un papel protagónico en las políticas de este gobierno, como la paz total”.

A grandes rasgos lo que la paz total pretende es darle beneficios a los grupos armados ilegales, como rebajas de penas y la no extradición, a cambio de dejar las armas, revelar información de las rutas del narcotráfico y entregar bienes y dinero producto de actividades ilícitas.

En este marco se abre un espacio para que las víctimas del conflicto armado puedan ser escuchadas, pues la Ley 418 se basa, también, en diálogos regionales con algunas comunidades, representadas por la Mesa Nacional de Víctimas, que tienen presencia directa de actores armados y sienten la necesidad de que se llegue a un acuerdo.

Según dijo Patricia Tobón, desde la Unidad para las Víctimas se propiciarán estos diálogos y procesos de participación con los diferentes representantes de las mesas para que el proyecto de la paz total y la políticas de víctimas “puedan articularse y las víctimas del conflicto armado tengan un papel protagónico en la construcción de esta paz total”.

Sobre el papel de los líderes de las mesas departamentales y territoriales, la directora de la entidad resaltó que cumplen un papel muy importante en las políticas de víctimas.

En cifras concretas, la Unidad para las Víctimas aseguró que desde 2022 763 víctimas plantearon, en 32 mesas departamentales, propuestas sobre políticas públicas en tres ejes temáticos: reparación integral, atención y asistencia, y prevención y protección.

Finalmente, Patricia Tobón resaltó el avance de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro:

El Gobierno nacional escogió a Buenaventura como el punto para adelantar el plan piloto de la paz total. Esto debido a la voluntad de paz entre los integrantes de las bandas, Los Shotas y Los Espartanos, que se unieron al llamado del diálogo para transitar a una legalidad.

En los espacios de diálogos en el puerto se revisarán los compromisos derivados de las mesas de concertación con las comunidades y los que surgieron en el Acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura pactados en 2017.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en Buenaventura hay 19 sujetos de reparación colectiva, cuatro de estos de pertenencia indígena y 15 afrodescendientes.

El 18 de diciembre de 2022, en Buenaventura se cortó una racha de 85 días sin homicidios. Ese día, un hombre de 23 años, identificado como Orlin Andrés Estacio, falleció como resultado de un operativo policial en la vía alterna al puerto.

Según Alí Bantú, director de Justicia Racial, un colectivo de abogados que representa a las víctimas, se habría tratado de un caso de abuso de autoridad: “El día de ayer, la policía disparó a dos hermanos que se encontraban en una actividad de año viejo. Asesinaron a Orlin Andrés Estacio González, 23 años, y su hermano Walberto, quien se encuentra herido.”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero la versión de las autoridades dice que aquella noche de diciembre, los uniformados llegaron al lugar de los hechos para atender una alerta de hurto, que presuntamente, estarían cometiendo los hermanos.