JEP rechazó el sometimiento de Rosa Elcy Arango, investigadora del CTI que participó en la operación Orión

El jueves 2 de febrero de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— dio a conocer que rechazó la solicitud de sometimiento de Rosa Elcy Arango, exagente del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía —CTI— y quien fungió como investigadora en el desarrollo de la operación Orión en la comuna 13 de Medellín.

Para la Sala de Definición de situaciones Jurídicas del tribunal especial, Arango no aportó un plan de aportes a la verdad satisfactorio con la magistratura y las víctimas del conflicto armado en las tres oportunidades que se le dieron a ella. Sumado a ello, tampoco realizó los ajustes requeridos a un primer documento que había presentado y con el cual pedía pista en esta jurisdicción.

Según la Sala, lo anterior “cuestiona su verdadero interés de satisfacer las exigencias de esta justicia transicional, de aportar al principio de centralidad de las víctimas y de suministrar verdad a la sociedad en general”, manifestó el fallo replicado por le JEP.

La antigua investigadora fue condenada el 30 de noviembre de 2015 por el juzgado 28 penal de conocimiento de Medellín a ocho años de prisión por el delito destrucción, supresión u ocultamiento de documento público correspondiente a la operación hecha por agentes del Estado entre el 16 y 17 de octubre de 2002. En ese sentido, la JEP determinó que estas conductas no estaban dentro de la competencia de la jurisdicción; es decir, que no tuvieron relación con el conflicto armado interno.

Esto no fue mencionado por Arango Jiménez en su acta de compromiso con la verdad y las víctimas. Concretamente, la Sala argumentó que, de acuerdo a lo demostrado en la justicia ordinaria, la exfuncionaria del CTI “presentó y suprimió en su momento un documento público por presentar sendas irregularidades en su diligenciamiento, lo que llevó a ser cuestionada por la fiscal que adelantaba la investigación, dado que con tales imprecisiones, el documento no podía servir de sustento para la legalización de captura de un sospechoso de homicidio”.

En ese orden, determinó que ello no configuró un delito enmarcado en el conflicto armado sino que ello correspondió a un “intento burdo de ocultar una falencia en el ejercicio de su labor”, afectando no solo a su ejercicio como investigadora, sino también a la administración de justicia que, en buena medida, depende de ese tipo de recursos para el desarrollo de los procesos.

Por otra parte, el pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz informó la desestimación hecha por la Sala de Definición de las peticiones hechas por Arango para acceder a los beneficios de la justicia transicional: la libertad anticipada, transitoria y condicionada.

De igual manera, el tribunal de paz le ordenó al Juzgado 4 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira, continúe vigilando la pena de 96 meses ordenada contra la exinvestigadora, la cual está cumpliendo en detención domiciliaria.

Vale mencionar que a finales de 2022, Cely manifestó que estaba preparada para someterse a la JEP y contar su verdad sobre el conflicto interno. Al respecto, dijo en diálogo con W Radio que iba a contar que miembros del Grupo Empresarial Antioqueño habrían financiado a grupos paramilitares.

“(...) Es un perfil alto, muy alto, con influencia usted sabe que es el GEA, por ahí va el perfil de estas personas, hasta ahí le llego, (...) es histórico la evolución porque en los actores económicos existe la economía de frente y la subterránea, ese es un tema que nosotros trabajamos tanto que la principal fiscal que tenía el caso está exiliada”, le indicó al medio citado. También había dicho que estaba dispuesta a contar la forma en que la Fiscalía estaba permeada por esas organizaciones paraestatales.