
Uno de los problemas que más se ha evidenciado en Colombia es la corrupción, incluso, en el último reporte del Índice de Percepción de la Corrupción -IPC- basado en los datos del 2022, el país se encuentra entre los 100 países que más tienen que luchar contra esta problemática. Lo más preocupante es que Transparencia Internacional, la organización que está a cargo de estos datos, muestra que de un año a otro el país se encuentra estancado con la misma puntuación, 39 puntos sobre 100.
Es importante aclarar que en esta medición los países que tienen una calificación de 100 o cercana a esta indica que el país se percibe como muy transparente, mientras que de 0 a por debajo de 50 indica que es percibido como muy corrupto. En esta línea, Colombia tendría que fortalecer sus políticas y medidas en contra de esta problemática.
Es importante mencionar que parece ser que el país se encuentra estancado desde hace más de una década porque desde el 2012, la calificación de Colombia ha oscilado entre los 36 y 39 puntos, sin lograr cambios significativos, además, entre las formas de corrupción más comunes en el país se encuentra: soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y captura del estado, entre otros.
El dato anterior va de la mano con lo registrado en el mundo, pues la corrupción se hizo más evidente luego del confinamiento causado por el covid-19 que finalizó a comienzo del 2022 y si se mira al detalle, el promedio mundial se mantiene sin cambios por undécimo año consecutivo y que no supera la calificación de 43 sobre 100.

La problemática que deja en evidencia la falta de capacidad estatal y administrativa para el manejo eficiente de los recursos produce un gran golpe a los Estados, ya que como lo mencionó la organización internacional:
De acuerdo con lo que señaló Transparencia por Colombia, esta información deja algunos retos importantes para Colombia y su lucha en contra de la corrupción, que deja una perdida significativa de recursos anuales, entre los que se encuentra:
1. Trabajar en contra de las irregularidades que se evidencian en la contratación pública, el uso indebido de servicios de seguridad y la vulneración de derechos humanos.
2. Fortalecer los esfuerzos para identificar y evitar los riesgos de corrupción relacionados con la consolidación de la paz en el país.
3. Contrarrestar los efectos de esta problemática en la calidad de vida, el respeto por los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.
4. El Estado deberá implementar estrategias claras en su lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo y debe buscar articulación con todas las instituciones para la implementación de las políticas contra la corrupción.
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