Bloqueos en Santander tienen 3.500 toneladas de productos represados

Las consecuencias de los bloqueos que afectan la movilidad en el departamento de Santander ya están empezando a notarse, así lo advierten los empresarios santandereanos agremiados en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que en su última encuesta advierte que hay más de 3.500 toneladas de productos, materia prima e insumos que están represadas en las vías del departamento.

También señalaron que los bloqueos en las vías, que de Bucaramanga conducen a Curos, Berlín y Colorados; la vía Sabana - Puerto Wilches y Lizama - San Alberto, están afectando a sectores económicos como el agroindustrial, el metalmecánico, el de manufactura automotriz, el de combustibles y biocombustibles y de servicios ambientales y energía, por un valor aproximado, según la última actualización de los datos, de $7.500 millones de pesos en mercancía detenida.

En un comunicado firmado por María Juliana Remolina Ordóñez, gerente ANDI - Seccional Santander, los empresarios hicieron un llamado a buscar soluciones que permitan mantener el abastecimiento de la región y el país.

Desde la ANDI también adviriteron que a los costos ya mencionados, se suma el aumento de los tiempos de recorrido, el incremento de los costos en flete y la dificultad de traslado del personal de las empresas, lo que incurrirá en incumplimientos de parte de las organizaciones a sus clientes e incertidumbre en el mercado nacional e internacionalización.

Congresistas apoyan demanda del Ministerio de Ambiente contra la minera Colcco

Ocho congresistas de la República radicaron una demanda de nulidad contra la licencia ambiental que fue entregada por la Corporación Autónoma de Santander (CAS) a la multinacional Colcco, que en los útlimos días ha provocado bloqueos en las vías por parte de la ciudadanía que rechaza la explotación de carbón en su territorio.

El contrato que demandan es el 082 que le permite a la minera Colcco desarrollar el proyecto de explotación de carbón a cielo abierto y por socavón, en los municipios de Carmen y San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander y el cual está fiscalizado por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Los congresistas aseguraron, en su demanda, que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no se establecen las áreas de intervención efectiva para la explotación bajo tierra, no se allegó documento referente a la compensación forestal, no se evidenció la información correspondiente a las áreas de intervención efectivas, en el tema de residuos no se incluye el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes de excavación, entre otras quejas.

Este pedido de nulidad, al proyecto que impulsa Colcco en Santander, se suma a las declaraciones realizadas por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, el 25 de enero.

“Hemos radicado un documento a la corporación autónoma para su revisión, en dónde encontramos múltiples fallas de esa licencia. La decisión del ministerio, por lo tanto, es que va a demandar la nulidad de esa licencia para la empresa Colcco que se entregó en el Carmen de Chucurí. Ese es el tipo de decisiones que queremos fortalecer con esa reforma en el Congreso del sistema nacional ambiental”,

Y después agregó, “No hay claridad de la medición de los impactos y, por lo tanto, no hay claridad en la licencia de cómo se controlarían esos impactos es como el tema más fundamental de una licencia ambiental y vemos que no está bien desarrollado ni soportado técnicamente”.

Durante todo el proceso de la adjudicación de la licencia ambiental, las comunidades de los municipios de Carmen y San Vicente de Chucurí, han realizado diferentes acciones sociales para rechazar la operación de Colcco en su territorio, para los congresistas que se oponen a la explotación de carbón en Santander:

Según explicó el movimiento ambiental, el área afectada por el proyecto es, de alrededor de, 2.000 hectáreas, y está ubicada en el Distrito de Manejo Integrado del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. En sus protestas han exigido que se priorice la vida, el agua y la producción agropecuaria por encima de un proyecto carbonífero que profundiza el extractivismo, y que no traerá beneficios a sus pobladores.

El Movimiento Nacional Ambiental concluyó: “Este proyecto va en contra del llamado a la transición energética justa propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro”.