
El domingo 22 de enero, un juez tomó la decisión de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a Margareth Lizeth Chacón, la octava capturada por estar presuntamente implicada en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Pese a que la defensa pidió la prisión domiciliaria por su condición de madre soltera y recién deportada de El Salvador, donde estuvo viviendo por más de diez años, el juez no tomó estos argumentos en consideración.
El 16 de enero, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos —exesposo y excuñado de Chacón— fueron judicializados y aceptaron su participación financiera en el asesinato, ocurrido el 10 de mayo en la playa privada de un hotel ubicado en Isla Barú, en Cartagena (Bolívar).
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Durante su declaración, los hermanos Pérez Hoyos se disculparon ante la viuda de Pecci, la periodista Claudia Aguilera, y la familia del fiscal paraguayo por los daños perpetrados contra ellos.
Andrés Felipe Pérez indicó ante el ente acusador: “yo sé que fue un error muy grande y no tengo palabras para expresar mis disculpas a la familia Pecci, más a su señora en su estado de embarazo. Estoy muy arrepentido y les quiero ofrecer disculpas”.
Por su parte, mientras aceptaba cargos para acceder a una rebaja de hasta el 50% de la condena, Ramón Emilio dijo: “aprovechando aquí la situación, hombre, quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci... me ha dolido mucho la situación, de corazón les pido que me perdonen, a todos los de la sala, a la señora del señor Pecci y a la familia”.
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El ente acusador también señaló que ella había dispuesto una camioneta de su propiedad para asistir a encuentros en Medellín y Cartagena en los que se planeó el asesinato del fiscal paraguayo. Además, afirmaron que ese vehículo habría servido de caja fuerte para guardar el dinero y el arma de fuego necesarios para perpetrar el homicidio.
Por otro lado, la investigación concluyó que dos días antes del asesinato, el 8 de mayo, Margareth Chacón insistió a los hermanos Pérez y a Francisco Luis Correa Galeano —el presunto perpetrador, también capturado— en que el fiscal fuera ultimado cuanto antes, porque el plan vacacional de la familia Pecci estaba a punto de terminar.
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En ese sentido, un fiscal delegado ante tribunal, con asignación especial para el caso del fiscal Pecci, imputó a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La procesada no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Por todo ello, a Chacón le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ella no aceptó los cargos y su defensa pidió prisión domiciliaria —porque ella presuntamente lleva más de diez años viviendo en el exterior, con su nueva pareja, y su hijo de 15 años está solo en El Salvador—. No obstante, el juez decidió que ella deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.
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