El Gobierno nacional ordenó una serie de “medidas urgentes” para atender la situación que varios niños, niñas y adolescentes de las comunidades nukak y jiw, en San José del Guaviare, estarían viviendo a manos de civiles y presuntos miembros de las Fuerzas Militares tanto de Colombia como del extranjero.
En esa línea, se conocieron los resultados de la visita de los funcionarios del Ejecutivo a ese departamento, luego de que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, les ordenara a los directivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como a otra delegación de la residencia, a que atendieran la emergencia contra la infancia guaviarense.
Dentro de las acciones, según informó la Casa de Nariño, están el solicitarle a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que desarrollen iniciativas que le permitan a las comunidades aborígenes del Guaviare restablecer sus derechos humanos, territoriales y que se garantice, entre otras cosas, sus costumbres espirituales y culturales.
Así mismo, el Gobierno ordenó que no solo en Guaviare se mantenga una constante evaluación de lo sucedido con los miembros de comunidades indígenas, sino que estos protocolos se implementen en Meta y Amazonas, donde también hay varios resguardos de estos colombianos.
Entre otras medidas también se contemplará que los funcionarios que cometan omisión a la hora de reportar casos de abuso sexual deberán someterse a investigaciones por parte de los órganos de control para corroborar que, en efecto, cumplen la labor para la que fueron designados.
De hecho, según dio a conocer la presidencia, ya se “inició procesos de revisión disciplinaria en la regional Guaviare del ICBF por posible omisión de situaciones y oportunidad de actuación”, a su vez que dio detalles de cómo, desde el Ministerio de Defensa, se establecerá la incidencia de militares en casos de violencia sexual contra menores de edad.
Los militares, además, con gestión de la cartera que dirige el ministro de Defensa, Iván Velásquez, serán capacitados en “formación e instrucción en Derechos Humanos desde un enfoque diferencial”. Estas enseñanzas, igualmente, irán dirigidas para los miembros de la Policía del departamento.
A Guaviare, además, en los próximos dos meses, deberán llegar lo que el Gobierno llamó como “dos unidades interdisciplinarias y especializadas para el fortalecimiento de las Defensorías de Familia del ICBF” del departamento que propenderán por los indígenas y otra en violencia de género.
Otra de las carteras que entrará a actuar al Guaviare será la que dirige Carolina Corcho: el Ministerio de Salud y Protección Social, al que le corresponderá “adelantar la construcción de un plan de acompañamiento efectivo de las violencias que se presenten en el territorio” y deberán idear un mecanismo que sirva para todas las culturas del Guaviare y así aplicar en enfoque “de interculturalidad que tiene el municipio y articular todas las estrategias de intervención estatal para la niñez tanto en un punto fijo de la zona como en itinerancia”, agregó la Presidencia.
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