Horas antes de la llegada a Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, la dictadura de Nicolás Maduro desató una nueva ola de persecución contra opositores y periodistas.
Por un lado, el presidente del diario El Nacional, Miguel H Otero, denunció que el periodista José Gregorio Meza fue detenido por las fuerzas de seguridad chavistas y que otros cuatro periodistas del medio fueron citados por la Justicia.
En tanto, la opositora venezolana Dinorah Figuera, exiliada en España, denunció que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanó su vivienda en Caracas, dos horas después de alertar que los agentes allanaran la casa de la antichavista Auristela Vásquez -que también se encuentra en la nación europea-, ambas con órdenes de captura en su contra.
“En este momento se está procediendo a allanar mi vivienda en Los Rosales, Caracas. Funcionarios de seguridad del régimen, siguiendo con la estrategia de terrorismo de Estado sumando otro acto más a su larga lista de violaciones a los DD.HH.”, escribió la ex diputada en su cuenta de Twitter poco antes de las 18.00 hora local (22.00 GMT).
Previamente, Figuera había rechazado, en la misma red social, el “allanamiento” contra la vivienda de Vásquez, segunda vicepresidenta del Parlamento electo en 2015, que mantiene un grupo de exdiputados opositores pese a que su período venció en enero de 2021, en rechazo al Legislativo actual, controlado por el chavismo.
A juicio de Figuera -presidenta de esta entidad paralela-, estos hechos evidencian, “nuevamente, la cobardía y violencia con la cual actúan continuamente”, en referencia a las autoridades venezolanas.
“Hacemos responsables a Nicolás Maduro de este nuevo ataque”, agregó la opositora, quien pidió a la “comunidad internacional y los organismos defensores de los DD.HH. estar alerta y registrar esta acción”.
El pasado 9 de enero, el fiscal general, Tarek William Saab, informó de las órdenes de captura emitidas contra Figuera, Vásquez y Marianela Fernández -primera vicepresidenta del Parlamento de 2015-, acusadas de los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El funcionario aseguró entonces que Venezuela hizo una solicitud de alerta roja a Interpol, por lo que esperan la colaboración de España y Estados Unidos, donde residen las exdiputadas.
El grupo de exparlamentarios elegidos en 2015 designaron el jueves pasado a los cinco miembros que conformarán el Consejo de Administración y Protección de Activos del país en el exterior, que fueron manejados por Juan Guaidó desde 2019, cuando se autoproclamó presidente interino, una figura eliminada a finales de diciembre.
Por otra parte, Amnistía Internacional respondió este miércoles al proyecto de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de la Organización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines presentado en la víspera por el régimen de Nicolás Maduro, por el cual buscan perseguir a las ONG en el país. El organismo que aboga por los derechos humanos alertó de esta movida y pidió el cese inmediato de la iniciativa.
“El 24 de enero de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela. Si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal”, comenzó el comunicado.
Entre estos controles intrusivos que AI señala se encuentran la divulgación de información sobre su financiamiento, personal y gobierno, por lo que los derechos de asociación y privacidad -entre otros- se verían violados tanto de estas ONG como de sus beneficiarios y quedarían en grave riesgo de criminalización y represalias.
(Con información de EFE)
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